Las claves de la petición de desafuero de Muñoz

Sociedades en el extranjero
Según indica la petición de desafuero, Pinochet constituyó varias sociedades con acciones al portador (Ashburton, Althrop, Trilateral, entre otras) para "realizar las inversiones y percibir sus ganancias no declaradas, evitando que se las vinculara con su propietario". El juez agrega que estas sociedades abrían cuentas en el extranjero y que el general (R) designó como representante de seis de estas corporaciones a Oscar Aitken. Agrega que, de los fondos manejados por el ex comandante en jefe fuera del país, al menos US$ 5.601.031 ingresaron a Chile.

Para el abogado defensor Fernando Barros, esta argumentación demuestra "un desconocimiento del ministro del mundo comercial internacional, porque los trust internacionales operan exclusivamente a través de sociedades". Según el abogado, las sociedades extranjeras son una práctica legal entre individuos y empresas chilenas y, a su juicio, Muñoz y los querellantes intentan dar una connotación de ilegalidad, "lo que significa contaminar todo el sistema financiero internacional".

Pasaportes falsos
Un punto importante en la resolución del juez es el relativo al uso de pasaportes con distintas identidades de Pinochet. El texto indica que hay cuatro pasaportes confeccionados por la Casa de Moneda, entregados al Registro Civil en diciembre de 1989, para que los utilizara el ex senador vitalicio.

Muñoz contradice a la defensa del general (R) argumentando que, si bien sus abogados han reconocido públicamente la existencia de varios pasaportes y que éstos fueron extendidos por razones de seguridad, el magistrado asegura que al menos dos -el número A029627 y el A010625- fueron utilizados para abrir cuentas en el extranjero a nombre de Augusto Ugarte y José Ramón Ugarte, respectivamente.

El juez explica que los pasaportes fueron entregados al tribunal por el propio Marco Antonio Pinochet. No obstante, asegura que tres de éstos tienen un rut que corresponde efectivamente a Pinochet, pero un cuarto pasaporte tiene un rut inexistente. Este último, agrega el documento de Muñoz, fue usado para abrir cuentas con la identidad de J. Ramón Ugarte y que "de cuya firma hay presunciones fundadas" de que fue hecha por el propio ex jefe castrense, según indica una pericia caligráfica, lo que configura el delito de falsificación de instrumento público. Además, el juez sugiere que algunos de estos pasaportes fueron sustraídos.

Certificados de sueldo
Uno de los documentos revelados por el Senado estadounidense era un lista de viajes al exterior en comisión de servicios, por los cuales supuestamente Pinochet recibió dinero de parte del Ministerio de Defensa. En su resolución, Muñoz dice que estos documentos son falsos.

Según el texto, para justificar sus fondos ante las autoridades norteamericanas -luego de que los organismos de control bancarios presionaran al Riggs- fueron confeccionados certificados de sueldo y comisiones, con el membrete de la Subsecretaría de Guerra del Ministerio de Defensa.

El juez explica que éstos "no fueron extendidos por dicha autoridad", según se informa al tribunal tras la investigación correspondiente. Muñoz había interrogado hace unos días a 25 funcionarios de la Subsecretaría al respecto. El ministro sospecha que en esos certificados, de su puño y letra, Pinochet habría consignado "Pago de rentas reservadas", también luego de haberlos sometido a pericias cablegráficas.

Al igual que en el caso de los pasaportes, aquí también se configuraría el delito de falsificación de instrumento público.

Embargo de Garzón
El magistrado cuestiona que, pese al embargo internacional decretado por el juez español Baltasar Garzón sobre los bienes de Pinochet en 1998, el general (R) y sus asesores constituyeron sociedades y utilizaron identidades ficticias para evitar que se hiciera efectiva esta prohibición. La vulneración de este embargo, de hecho, llevó al Banco Riggs a pactar un acuerdo extrajudicial con la Fundación Presidente Allende de España, por más de US$ 8 millones.

La defensa de Pinochet, en tanto, argumenta que la propia Corte Suprema de Chile desestimó el embargo del juez europeo. Y aunque Muñoz reconoce que el máximo tribunal "desestimó parcialmente" alguna de las peticiones del exhorto español, dice que la corte "accedió a considerar la comunicación como denuncia suficiente".

El Melocotón
Muñoz incluye en su petición de desafuero aspectos relativos a la compra de la parcela de Pinochet en El Melocotón, ubicada en San José de Maipo. Según el magistrado, el general (R) adquirió esta propiedad por medio de la reunión de distintos lotes independientes, usando normas propias del interés general de la sociedad "y no particular de sus autoridades".

En otras palabras, el magistrado acusa al ex jefe castrense de haber dicho a los anteriores propietarios de esos lotes que "se seguiría el procedimiento expropiatorio, con un precio menor, si no se los enajenaban voluntariamente". En la defensa descartan el efecto que estos antecedentes puedan tener, y explican que cualquier posible irregularidad "está prescrita".

Los cómplices
De acuerdo con el auto de procesamiento de Muñoz, se establece que Oscar Aitken fue cómplice de Pinochet en los delitos tributarios perpetrados desde 1998 a 2004, "toda vez que durante este período llevó adelante procedimientos destinados a ocultar la identidad del contribuyente Augusto Pinochet en las inversiones que posee en el extranjero y en Chile".

En el caso de la secretaria del general (R), Mónica Ananías, el ministro señala que es cómplice en el delito tributario, debido a que "estando en conocimiento de las distintas inversiones, cuentas y depósitos en el extranjero del contribuyente Augusto Pinochet, entregó al contador de éste la información que se utilizó para confeccionar las declaraciones de impuesto ocultando los demás antecedentes que se encontraban a su disposición".