¿Qué pasará con los US$ 6,5 millones que tiene embargados el juez
Sergio Muñoz? La batalla por las platas del Riggs
De La Tercera : 20-02-2005
por Lorena Rubio
"La guerra por los impuestos podría durar hasta dos años". Con esta
categórica frase explica uno de los miembros de la defensa de la familia del general (R)
Augusto Pinochet la controversia civil que hace poco más de una semana se inició entre
los representantes del ex gobernante y el Servicio de Impuestos Internos (SII) para el
cobro de los tributos que le adeuda Pinochet al Fisco.
El 11 de febrero, hasta la residencia que Pinochet posee en calle Los Flamencos de La
Dehesa llegó la carta donde el SII le informa que la deuda por impuestos impagos es de $
1.300 millones y que sumando los intereses y multas, el total a cancelar bordea los $
2.000 millones (unos US$ 3,4 millones). Cifra inferior en $ 500 millones a lo que había
calculado el servicio en su querella.
Con la misiva se inició el juicio que busca el cobro civil de los tributos adeudados,
cuyo resultado será determinante en la manera en que el juez Muñoz defina la sanción
penal para el delito de evasión tributaria que investiga. Un tema en que la defensa del
general (R) cifra sus esperanzas, pues la apuesta de los abogados de Pinochet -tal como lo
reveló La Tercera hace dos semanas- es que el pago al Fisco de la deuda tributaria
será una atenuante de relevancia al final del juicio. Especialmente si se considera que
es esta arista la que el juez tiene más avanzada, frente a la posible malversación de
caudales públicos o fraude al Fisco que estarían tras el origen de la fortuna en el
Riggs.
En la Corte Suprema
Aunque la mayoría de quienes integran la defensa del general (R) -encabezada por Pablo
Rodríguez Grez- se encuentran hoy de vacaciones, ya se está trabajando para presentar
los descargos ante el SII, para lo cual cuentan con un plazo de 60 días. La respuesta de
los defensores incluirá una serie de objeciones para demostrar que se trata de rentas que
no requerían tributación y, si esa táctica no prospera, para intentar reducir el monto
y recurrir a todas las instancias de apelación. De ahí que el escenario más probable
para esta disputa termine siendo la Corte Suprema.
Así, lo que a primera vista parece árido y lleno de claves jurídicas, es una de las
estrategias más fuertes de la defensa del militar en retiro para lograr torcerle la mano
al juez Muñoz, quien ha mostrado una gran actividad en el caso. En este escenario, la
disponibilidad que pueda tener la familia sobre los dineros incautados por el juez Muñoz
es determinante. Esto, porque la defensa pretende solicitar el desembargo de los US$ 6,5
millones provenientes del Banco Riggs en Estados Unidos para pagar el dinero que reclama
el SII. Y qué mejor excusa para solicitar esto que cancelar al Fisco la deuda tributaria.
"Hasta que no surjan nuevos fondos en otros países, la única forma de resarcir el
perjuicio fiscal son los dineros que hoy están en manos del tribunal", plantea una
fuente cercana al caso.
Este último punto no es menor, pues plantea el conflicto de intereses que se puede
generar a futuro: mientras Muñoz no defina el origen de las platas es improbable que las
libere, algo que a la larga impediría el objetivo del servicio de recuperar los $ 2.000
millones que persigue.
En el SII niegan que ellos vayan a presionar a Muñoz para que deje a Pinochet disponer
de ese dinero, y admiten que el juez ha concentrado gran parte de su trabajo en esta
hebra.
Como sea, el ministro es el menos interesado en liberar esos dineros y es altamente
probable que no lo autorice (decisión que sería apoyada por los querellantes, incluido
el CDE). Por esta razón, el tema podría elevarse a las cortes superiores, instancia
donde la defensa tiene esperanzas.
Además, sostienen entre los defensores del general (R), si el juez no acredita un
delito diferente a la evasión tributaria, no tendrá argumentos para no devolver las
platas del Riggs a Pinochet. En ese escenario, que es el más favorable al ex mandatario,
el pago al SII con esos fondos aminoraría considerablemente cualquier sanción al final
de la investigación.
Las claves de Muñoz
Antes de salir de vacaciones, el ministro decidió pesquisar más allá del plazo que
permite el Código Tributario, que son seis años, aprovechando la condición especial que
tiene en la ley el delito de evasión maliciosa de impuestos para ampliar la
investigación a 10 años. Así, el actual período que cubren las indagatorias se amplió
hasta 1994 y la explicación es simple. A mayor monto evadido, mayores son las penas.
Es más. Es probable que la revisión de la conducta financiera y tributaria del ex
mandatario, que alcanza hasta los años 80, tenga como objetivo establecer la figura de
"delito continuo", la cual -a juicio de algunos juristas- no tiene prescripción
y aumenta en algunos grados la sanción penal. Una jugada de relevancia en el escenario de
que ése sea su único delito a castigar.
Pero ésta no ha sido la única movida del juez. Otra razón para "bucear" en
el comportamiento tributario del general (R) es que el ministro -dicen cercanos a la
investigación- estaría sondeando las posibilidades de configurar un nuevo delito: el de
asociación ilícita. Este es un crimen difícil de configurar, pero que aumentaría las
penas y, dada su connotación, terminaría por sepultar la imagen del ex gobernante.
La asociación ilícita es cuando dos o más personas se juntan y coordinan para
cometer algún ilícito, en este caso la defraudación al Fisco mediante la evasión de
impuestos, y lo hacen de forma sostenida en el tiempo. Muñoz ya mostró su juego con esta
tipificación en el caso Spiniak, cuando procesó al empresario y sus proxenetas por esta
causa y les cambió drásticamente el escenario judicial.
Ante esta posibilidad, existen temores en la defensa de que algún miembro de la
familia podría ser enjuiciado junto a Pinochet por este tema, especialmente aquellos que
figuran involucrados a los manejos de esos dineros. Sin embargo, otras fuentes descartan
esta posibilidad, y sostienen que el juez tiene en la mira a sus ex asesores. |