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Las aristas que investiga el juez

La investigación del ministro Muñoz gira en torno a tres ejes centrales:

Evasión tributaria: es el delito más prefigurado y, según fuentes vinculadas a la causa, con los antecedentes que obran en su poder el ministro Muñoz ya estaría en condiciones de solicitar el desafuero del militar en retiro y, posteriormente, procesarlo. Esto porque en la última ampliación de querella realizada por Impuestos Internos se le entregó al magistrado un análisis detallado de todos los movimientos realizados por él y Aitken en las cuentas del Riggs.

Malversación de caudales públicos: en este delito se incluye la exacción ilegal y el fraude al Fisco, delitos por los cuales se querellaron los abogados Carmen Hertz y Alfonso Insunza. En esta arista ha sido mencionada la posibilidad de que el ex gobernante hiciera uso de los gastos reservados mientras se desempeñó como comandante en jefe del Ejército y Presidente de la República, cuestión difícil de probar, ya que dichos recursos no tenían que ser declarados.

Lavado de dinero: es el delito más delicado y, según fuentes de la defensa, el más difícil de comprobar. En esta arista están trabajando, además de Muñoz, el CDE y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda. Para esta última es clave la eliminación del secreto bancario, cuya constitucionalidad está hoy en plena discusión.


Un apresurado Fernando Barros -abogado y asesor de la familia del general (R) Augusto Pinochet desde que éste estuvo detenido en Londres en 1998- subió las escaleras del antiguo edificio de Teatinos 120 el jueves último para dirigirse a las oficinas del Servicio de Impuestos Internos (SII). Tras reunirse con el director regional del organismo, el jurista abandonó rápidamente las dependencias del órgano fiscalizador y se dirigió a su oficina, donde inició una serie de llamados.

No era la primera vez que el profesional pisaba las oficinas del organismo recaudador en el último tiempo. Ni será la última.

Barros es el hombre elegido por la defensa -que encabeza el abogado Pablo Rodríguez Grez- para acercarse a Impuestos Internos e intentar una jugada que algunas fuentes ligadas al general (R) han calificado de astuta.

El objetivo de Barros es negociar con el SII y ofrecer el millonario pago de los tributos involucrados en la querella criminal que dicho organismo presentó el 30 de septiembre contra Pinochet y su albacea Oscar Aitken, por $ 2.300 millones (unos US$ 4 millones), acción judicial que hoy constituye una de las principales aristas de la causa que instruye el juez Sergio Muñoz desde que estalló el escándalo por las platas del banco Riggs.

Las tratativas, que se han realizado con el más completo sigilo, apuntan a que el general (R) efectúe una rectificación de las declaraciones de impuestos efectuadas por él entre 1998 y 2003 -que son las que cuestiona la querella- y asuma la cancelación de las cuantiosas multas involucradas, más los intereses del caso. En total, casi US $ 5 millones.

De esta forma, sostienen cercanos a la defensa, Pinochet se anotaría un importante punto a la hora de definir las penas en su contra y, de paso, le restaría peso al libelo de la entidad fiscalizadora. "El SII cursó una querella por evasión tributaria y como cualquier persona en Chile a la que se le imputa una omisión de este tipo, él puede hacer una rectificación cuando lo estime conveniente", señaló un miembro de la familia Pinochet, quien confirmó los acercamientos con SII.

Por la otra parte, fuentes de ese organismo indicaron que "todo ciudadano puede solicitar una rectificación en sus declaraciones de impuestos", y en cuanto al caso específico de Pinochet, confirmaron que una acción de este tipo podría servir de atenuante en la causa que sustancia el ministro Muñoz, ya que sería interpretada como un "gesto de buena voluntad" al poner fin al perjuicio fiscal. Eso sí, aclararon, de ningún modo ello permite detener la querella que busca esclarecer la comisión del delito de "declaración (de impuestos) intencionalmente maliciosa".

"Una acción de esta naturaleza podría, eventualmente, reducir las penas en relación al delito de evasión, y eso es resorte de Muñoz", explica una fuente relacionada con el caso.

Todos contra el juez

De lograr su objetivo, la defensa del ex senador vitalicio podría anotarse un importante triunfo, ya que le restaría fuerza a una de las principales líneas investigativas de Muñoz -evasión tributaria-, lo que lo forzaría a centrarse en otras vetas como la malversación de fondos públicos, el fraude al Fisco y el lavado de dinero (ligadas a los posibles orígenes de los dineros), más difíciles de configurar (ver recuadro).

Esta nueva arremetida se suma a la solicitud de Rodríguez de que Muñoz se inhabilite en la causa -cuyo veredicto está pendiente en la Corte de Apelaciones- argumentando que él ya emitió opinión sobre la salud del general (R) en el fallo del caso Prats, donde el ministro estuvo por desaforar. A raíz de esta petición, Muñoz dejó el caso y está siendo reemplazado por la ministra Dobra Lusic.

Fuentes ligadas al caso señalan que para los abogados que defienden al retirado general la presencia del juez del caso Tucapel Jiménez ha sido un permanente motivo de inquietud, de ahí la necesidad de diseñar todo tipo de estrategias para neutralizar su investigación. Un modus operandi que Rodríguez ya ha utilizado con el juez Juan Guzmán, a quien trató de sacar hace semanas acusando que tenía animadversión hacia su cliente.

La última batalla entonces será el acuerdo con Impuestos Internos, la cual surgió cuando comenzó a trascender que Muñoz estaba en condiciones de solicitar el desafuero del ex senador e, incluso, procesarlo por el delito de evasión tributaria a finales del 2004.

Es más. En diciembre pasado la defensa había solicitado a Muñoz desembargar los bienes del general, petición que fue denegada y que ahora debe ver la Corte de Apelaciones. Por lo mismo, en tribunales no descartan que este nuevo camino también termine en las cortes superiores, pues si Muñoz se niega, la defensa puede apelar hasta la Suprema, instancia donde el resultado les puede ser favorable.

Blindaje familiar

La nueva estrategia contrasta con la actitud que en un principio mostró la defensa, la cual siempre afirmó que Pinochet no le debía nada al Fisco. De hecho, hasta las últimas dos semanas ninguno de los profesionales involucrados en la defensa había asistido a la serie de citaciones que el SII venía cursando a Pinochet desde agosto del año pasado.

Como explicación para este vuelco, en el entorno del ex mandatario señalan el efecto demoledor que el caso ha tenido en la familia y la alternativa siempre latente de que la querella involucrara a hijos o nietos. "Está la posibilidad de que el SII amplíe la querella y ya se han visto los efectos financieros, con el cierre de cuentas efectuado en diciembre", explica uno de los Pinochet-Hiriart.

Por esto, el pago de multas a SII pretende "cerrar" el tema tributario y evitar cualquier acción posterior hacia la familia.

Los montos en juego

El libelo de Impuestos Internos exige el pago de los tributos que el ex gobernante dejó de cancelar mientras mantuvo una serie de cuentas en el banco Riggs de Estados Unidos, que en su momento alcanzaron US$ 8 millones, los cuales nunca fueron incluidos por el militar en retiro en sus declaraciones anuales de ingresos y renta.

El saldo de dichos fondos, US $ 6,5 millones se encuentra hoy en Chile en manos de los tribunales, tras una orden decretada por Muñoz que los trajo al país desde un fideicomiso en el que se encontraban en la sucursal de Nueva York del Banco de Chile. En caso de concretarse el pago, a los US$ 4 millones que exige el SII se sumarían los intereses -lo que eleva la cifra final a $ 2.500 millones (unos US$ 4,3 millones). Además, las multas pueden ir "entre un 50% y un 300% del valor eludido", según estipula el Código Tributario.

Pero no todo está dicho en el nuevo esquema que prepara la defensa. Hay una serie de obstáculos que este diseño debe salvar. El primero y más importante es lograr que Muñoz desembargue los US$ 6,5 millones que fueron traídos a Chile y que hoy están bajo una medida precautoria. Los cálculos del entorno más estrecho del ex senador vitalicio estiman que las platas en manos de Muñoz "alcanzan y sobran" para pagar lo adeudado más intereses y multas. Otros son más cautos y agregan que "sabemos que las multas van a ser muy altas y quizá haya que reunir más dinero". Cifras más o cifras menos, todos coinciden en que el monto total a pagar debiera rondar los US$ 5 millones.

Frente a frente

Desde el punto de vista legal, aclaran las fuentes, una rectificación de impuestos es una acción de tipo civil, por lo que la querella presentada en septiembre no se extinguiría tras el pago al SII. Muñoz entregará su veredicto sobre la comisión del delito de evasión pase lo que pase, escenario tras el cual la existencia de atenuantes será clave a la hora de enfrentar una sentencia.

Además, fuentes del tribunal aseguran que las diligencias de Muñoz "están centradas en múltiples frentes, todos los cuales se están investigando".

Pero eso no es todo. Si el juez acepta liberar lo dineros, Pinochet "tendría que pagar impuestos también por dichos fondos, porque se trataría de nuevos ingresos", dice una alta fuente del caso.

Sobre esta decisión, en el Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en el caso, afirman que la posibilidad de que el juez acepte la petición es poco probable. Las razones: "Muñoz ni ningún juez podría aceptar un acuerdo de esa naturaleza, pues él no participa de la negociación, no le reporta nada a su investigación y pierde el control del dinero que tiene bajo recaudo", afirma un abogado de esa repartición.

La misma fuente agrega que el magistrado, en la actual fase de su indagación, no puede tomar una decisión de esa naturaleza, ya que, primero, debe investigar el origen del dinero para determinar si proviene de la comisión de algún delito. "Mientras no esclarezca eso no puede liberar los fondos de Pinochet", asegura.


El precedente que avala la nueva táctica

Aunque no es usual que un juez acepte liberar los dineros o bienes incautados mientras desarrolla una investigación, existe un precedente. Años atrás, la defensa de Mario Silva Leiva, más conocido como el "Cabro Carrera", intentó hacer lo mismo. Pidió al tribunal que se levantaran las medidas cautelares sobre los bienes de Silva Leiva, con el objetivo de pagar al SII los dineros exigidos por la evasión tributaria practicada por años por Silva. El acuerdo fue rechazado por la Corte Suprema, luego que el CDE alegara en contra.

Eduardo Vallejos, abogado experto en temas tributarios, fue uno de los miembros de la defensa de Silva Leiva. De hecho, logró que la Corte Suprema le restituyera gran parte de los bienes a la familia del fallecido narcotraficante.

Vallejos recuerda que el objetivo era conseguir una importante rebaja en la pena que podía recibir su cliente, por cuanto hay una norma en el Código Tributario, la 111 bis, que establece que es causal de atenuante de responsabilidad penal el hecho de que el imputado pague el dinero exigido por el SII más los intereses y multas correspondientes. Esta norma se suma a otra del Código Penal que rebaja las penas cuando el autor del hecho punible repara el daño causado. El abogado reitera que esta estrategia no exime de responsabilidad penal, pero sí atenúa la sanción en varios grados, pudiendo quedar la pena en grado mínimo.

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