Abogado Pablo Rodríguez Grez impugnó la diligencia realizada por el ministro de fuero, que investiga el origen de la fortuna del ex dictador. La calificó de “ilegal e inconstitucional” y anunció que recurrirá a los “superiores” del magistrado para frenar sus indagaciones.

De La Nación

A partir de ayer, la defensa del ex dictador Augusto Pinochet rompió las relaciones “amistosas” con el juez Sergio Muñoz y evalúa acusarlo ante sus superiores. De esta forma se abrió un nuevo frente de conflicto entre la defensa, encabezada por el abogado Pablo Rodríguez Grez, y un juez investigador distinto al ministro Juan Guzmán, a quien Rodríguez incluso acusó ante el Colegio de Abogados por sus actuaciones respecto de Pinochet, las que a juicio del magistrado se enmarcan dentro de la ley.

La causa de este rompimiento fue el sorpresivo allanamiento que el juez Muñoz practicó ayer a la oficina de Pinochet en calla Málaga 379 en Las Condes, acompañado de un equipo de ocho funcionarios de Investigaciones.

Como se recordará, fue la propia defensa que puso a Pinochet a disposición del juez Muñoz para que lo interrogara acerca del origen de su fortuna, y le aportó una gran cantidad de documentos para intentar justificar los más de 16 millones de dólares que hasta ahora se registran en cuentas bancarias de Estados Unidos y que Pinochet manejó con el seudónimo de ‘Daniel López’.

Pero el allanamiento tensó la cuerda y los actores dejaron de lado las manifestaciones de distensión y se mostraron los dientes. El juez llegó pasadas las 8 de la mañana con los detectives en tres vehículos. Durante la diligencia, el ministro interrogó a la antigua secretaria privada de Pinochet, Mónica Ananías, que posee gran cantidad de información contable y bancaria para aclarar la fortuna del ex dictador. Muñoz se retiró pasadas las 10 de la mañana de la casa de dos pisos, pero los policías recién abandonaron el lugar después de las 13.30 horas.

 Las pistas

La diligencia tuvo por objetivo no sólo revisar los archivadores, documentos, listas de contactos y material computacional, como disquetes y discos compactos. El magistrado ordenó incautar el computador personal de Pinochet, el único que se mantiene en la oficina y que utiliza su secretaria para administrar registros contables y confeccionar documentos escritos.

Pero lo más importante es que desde este equipo se sospecha que se enviaron y recibieron una serie de correos electrónicos relativos al manejo de dineros.

Según fuentes consultadas, hay antecedentes de órdenes para transferencias de dinero y órdenes de pago, especialmente al Riggs Bank de Washington, y a las sociedades de papel que se encontraron en los paraísos fiscales del Caribe, como Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas, donde Pinochet consolidó su patrimonio para repartirlo entre sus hijos y nietos. Por lo mismo, el miércoles el juez Muñoz también ordenó allanar las oficinas de Marco Antonio Pinochet, su hijo menor.

Tras retirarse de Málaga, Muñoz interrogó a la hija del ex jefe militar Lucía Pinochet Hiriart en el cuartel central de la policía civil.

Fuentes allegadas a la investigación informaron que Muñoz “está molesto por la filtración de la diligencia”. De hecho, trascendió que el juez se comunicó con el Ejército para manifestar su preocupación por la presencia de la prensa ayer en el lugar, teniendo en cuenta que informó de la diligencia al Estado Mayor sólo a última hora del miércoles.

  Acusación

Reaccionando ante esta incursión del juez, la defensa de Pinochet evalúa acusar al magistrado ante sus superiores. El abogado jefe de la defensa, Pablo Rodríguez, afirmó que esa medida dependerá de qué resuelva el ministro frente al escrito que le fue presentado ayer mientras Muñoz efectuaba su pesquisa.

Rodríguez confirmó que sí se trató de un allanamiento. “La diligencia que realizó el ministro Muñoz creo que es ilegal e inconstitucional, porque se trata de una persona (Pinochet) que tiene fuero, y mientras no se la prive del fuero no se pueden realizar actuaciones dentro del proceso en su contra. Esta es una dependencia personal del general Pinochet y no se le ha respetado el fuero”, afirmó el abogado. “Se trata de un allanamiento, un registro de la oficina de calle Málaga”, agregó.

Casi en el momento en que los efectivos de la policía de Investigaciones se retiraban de la oficina, hacia las 13.30 horas, Marco Antonio Pinochet llegó a la oficina de Rodríguez en calle Morandé para sostener una breve reunión y evaluar lo hecho por Muñoz.

“Vamos a recurrir ante los tribunales superiores en el evento de que se persista en realizar diligencias que son contrarias a lo que establece el Código de Procedimiento Penal”, advirtió Pablo Rodríguez.

Visiblemente irritado y alegando la plena inocencia de Pinochet, Pablo Rodríguez expresó que “ésta es la mejor demostración de que el general Pinochet está siendo objeto de la persecución más implacable que conoce la historia de nuestro país. Del último siglo, creo que no existe un solo hecho que sea siquiera comparable con esta persecución horrible de que es objeto el general Pinochet”.

Los abogados querellantes en la Operación Cóndor, Eduardo Contreras e Hiram Villagra, solicitaron al juez Juan Guzmán que decrete el prontuariamiento del ex dictador Augusto Pinochet, dado que su recurso de amparo fue rechazado, con lo que se confirmó el procesamiento y arresto. Los abogados argumentaron “el principio de la igualdad ante la ley”, recordando que la legislación demanda que todo procesado debe ser prontuariado por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Al respecto, el abogado jefe de la defensa, Pablo Rodríguez, manifestó que “la filiación del general Pinochet no corresponde, porque el auto de procesamiento no se encuentra ejecutoriado, y tratándose de una resolución revisable que puede ser perfectamente dejada sin efecto por lo tribunales superiores, no procede esta diligencia”.