Caso Riggs: Muñoz investiga tráfico de armas

Además del desvío de gastos reservados del Ejército y la Presidencia, el magistrado maneja la hipótesis de que el origen de los fondos de Pinochet en el exterior se podría vincular al pago de comisiones ilegales por compra y venta de armamento. Muñoz tiene un cuaderno secreto caratulado "Armas" y ha indagado especialmente en las actividades de Famae a fines de los 80 y comienzos de los 90.

De La Tercera: 05-12-2004
Por Francisco Artaza

Hace menos de un mes, en dependencias de la Policía de Investigaciones, el ministro Sergio Muñoz interrogó al coronel de Ejército en retiro Carlos Carreño, el ex gerente de Famae secuestrado en 1987 por el FPMR.

Con esa diligencia el juez a cargo de la investigación por las millonarias cuentas de Augusto Pinochet en el Banco Riggs entró de lleno al capítulo más complejo del proceso, el eventual pago de comisiones ilegales por la compra y venta de armas, una de las dos hipótesis que indaga para explicar las millonarias cuentas que el ex comandante en jefe del Ejército chileno tenía en el extranjero. El magistrado también investiga el desvío de gastos reservados del Ejército y de la Presidencia a esas cuentas.

Durante el extenso interrogatorio al coronel (R) Carreño, el magistrado le preguntó sobre los procedimientos empleados por Famae en la transferencia de armas. Luego el juez le pidió al testigo que se explayara sobre las cuatro operaciones que indaga en el cuaderno secreto caratulado "Armas", que forma parte del proceso por las cuentas del Riggs (ver recuadro).

A Muñoz le interesaban particularmente las operaciones de venta de cohetes tierra-aire "Blowpipe" a la contra nicaraguense entre 1985 a 1986, y la fallida venta de bombas avispas (similares a las racimo) a Irán en 1987, dos acciones desarrolladas en la época en que Carreño se desempeñaba como uno de los máximos ejecutivos de Famae.

Contacto en Zurich

Carreño también debió responder las preguntas del magistrado relacionadas con el uso por parte de Famae y del Ejército de las licencias suizas para la fabricación y venta de blindados Mowag y de los fusiles SIG. En la mira de Muñoz están las ventas de carros blindados y fusiles a terceros países realizadas por el Ejército gracias a la liciencias otorgada por el empresario chileno húgaro Carlos Horzak, un viejo amigo de Pinochet.

Aunque Suiza había prohibido la venta de armas a Chile tras el golpe de Estado, la ley helvética no impedía traspasar las licencias para que estas armas fueran fabricadas en Chile. Pinochet viajó en en junio de 1994 a Suiza, ocasión en la que visitó industrias militares en Lucerna y Zurich.

La legislación suiza permite el pago de comisiones por la venta de armas del 5% al 10% del valor del contrato, dineros que se depositan en cuentas numeradas en bancos de Zurich.

Los pasos de Muñoz

Hasta ahora, Muñoz se había concentrado en determinar el patrimonio real del general (R) Pinochet y de los miembros de su familia. Según fuentes cercanas a la investigación, el juez trabaja sobre una estimación cercana a los US$ 12 millones de dólares, cifra que coincidiría con los recientes informes internos del banco Riggs confeccionados por ex agentes del servicio secreto.

También dirigió sus pesquisas a establecer los ingresos legales de Pinochet, para lo cual envió oficios al Ejército, a Impuestos Internos y a las entidades financieras chilenas. En ese aspecto llegó a determinar que el general (R) cobró exclusivamente su salario de comandante en jefe durante los 17 años del régimen militar y no el sueldo de Presidente de la República. El sueldo base de Pinochet en los últimos años era algo más de $ 1.200.000. Una suma a la que debe agregarse gastos reservados, viáticos y gastos de representación que Pinochet recibía del Ejército como admitió Marco Antonio Pinochet en entrevista a La Tercera. Gastos reservados que, según el albacea de Pinochet, Oskar Aitken, podrían ascender a cinco millones de dólares.

Con el interrogatorio a Carreño, Muñoz dio los primeros pasos para esclarecer el origen de la fortuna de Pinochet. Aunque Carreño se retiró del Ejército en 1987, tras ser secuestrado por el FPMR, mantuvo contacto con Famae.

Trar su retiro de las filas castrenses, Carreño adquirió un fundo en el sur y se dedicó con poco éxito al negocio agrícola. Al borde de la quiebra se fue del país y ejerció como profesor de Ingeniería en una universidad paraguaya por varios años.

El magistrado intenta dilucidar si se alcanzaron a pagar comisiones y si éstas pudieron ir a parar a las cuentas del general Pinochet, lo que podría configurar los eventuales delitos de cohecho, fraude al Fisco y negociación incompatible.

Tras la reestructuración de Famae, en 1990, el comandante en jefe del Ejército podía disponer del 35% de las utilidades de Famae y sus filiales sin tener que dar cuenta a Contraloría ni a ningúna institución del Estado.

Viajes al extranjero

En paralelo con estas diligencias, el magistrado explora otra vía para determinar el posible pago de comisiones ilegales a Pinochet por negocios de armas. En sus manos tiene todos los viajes al extranjero que realizó el ex comandante en jefe del Ejército en los últimos 20 años. El magistrado está cotejando esa información con los depóstios de dinero que se hicieron en las cuentas del Riggs en busca de coincidencia en las fechas.

Pinochet viajó en varias oportunidades a Inglaterra, invitado por la empresa británica Royal Ordenance, también a Malasia, China y Sudáfrica, hasta donde llegaba convocado por industrias militares que mantenían negocios con el Ejército chileno.
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El secuestro del coronel Carreño

El nombre del coronel (R) Carlos Carreño, quien fue interrogado por el juez Muñoz en relación a las cuentas en el Riggs, alcanzó nototiedad en 1987. A las 7.15 de la mañana del 1 de septiembre de ese año, desconocidos lo interceptaron a la salida de su casa en Simón Bolívar. El secuestro se llevó a cabo por unas 10 personas que se fugaron en una camioneta, un furgón y un automóvil Fiat 125.

Horas después, el diario La Epoca recibía una llamada anónima que indicaba que dentro de un papelero de un baño en un local del centro había un comunicado importante. En un sobre blanco, se hallaba una carta firmada por el FPMR adjudicándose la operación denominada "No a la perpetuación del tirano".

No se sabría del coronel hasta 92 días más tarde, cuando reaparecería en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, vistiendo un traje nuevo comprado por sus captores.
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Las operaciones bajo la lupa

Cohete Rayo

A fines de los 80, el general (R) Pinochet impulsó uno de sus proyectos más ambiciosos: un sistema balístico compuesto por un lanzador múltiple para 14 cohetes de 160 mm que alcanzaban una distancia de 52 kms. A comienzos del '94 el Ejército suscribió un acuerdo de preproducción con la empresa británica Royal Ordenance. Más de US$ 60 millones se gastaron en investigación y diseño. Pinochet viajó por ello varias veces a Inglaterra, pero tras su detención en Londres, el Ejército desechó el proyecto.

Cohetes para los contras

En 1988 estalló en EEUU el escándalo Irán-Contras. La investigación del Senado norteamericano reveló las gestiones realizadas entre 1985 y 1986 por el coronel Oliver North para conseguir que el ejército chileno vendiera en secreto 58 cohetes tierra-aire "Blowpipe" y 8 plataformas para misiles de corto alcance al Frente Demócratico Nicaraguense, la guerrilla antisandinista. Aunque no se comprobó la venta, los informes consignaron un libro de cuentas donde aparecía: "BP pagó a Chile US$ 1.000.000".

Irán-Corfo

En 1987, Ferrimar, filial de Famae, negoció con el gobierno de Irán la venta de 1.500 bombas de racimo "Avispa". Cada una superaba los US$ 14.500. Pero el negocio falló, pues las bombas tenían defectos de fabricación. Muñoz investiga si se alcanzaron a pagar comisiones.

Licencias Mowag y SIG

El juez investiga el uso de las licencias Mowag y SIG por parte de Famae, las que fueron vendidas por el empresario de orígen húngaro Carlos Honzik, un viejo amigo de Pinochet. Muñoz indaga en la venta de estos carros blindados a países del tercer mundo y el ofrecimiento de dos partidas de 500 Mowag a Irán en los 90. Cada blindado cuesta entre US$ 300 mil y 900 mil.