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| 21 mayo 2005 |
Lavín y los DDHH: ¿Negligencia culposa?
por Ignacio Vidaurrázaga
Mauricio Jorquera Encina cumplía 19 años el día de su detención, un 5 de agosto de
1974. Estudiaba Sociología en la Universidad de Chile y militaba en el MIR. Han
transcurrido 31 años desde su desaparición.
Hace algunas semanas, falleció su padre don Alberto, a la avanzada edad de 89 años.
Pareciera que quiso alargar su vida al máximo, por si acaso sabía algo de ese hijo que
no vio proyectarse, ni le dio nietos como los otros. Durante estos 31 años su opción fue
el silencio. Doña Lucy Encina, esposa y madre, ha sido la más insistente en buscar
avanzar en verdad y justicia.
Sus compañeros y amigos, estuvimos en la Iglesia San Lázaro, muy cerca de la casa
familiar, despidiendo al padre del “chico Pedro”, y constatando que se van
muriendo “los viejos y viejas” sin encontrar todavía el cierre justo para estos
crímenes.
Jueces dignos y una Corte Suprema tuerta y sorda
Hace pocas semanas el más alto tribunal “suspendió” su apuro en cerrar el
“problema de los derechos humanos”. Se enfrentó a un movimiento de protesta de
los magistrados, al rechazo de un amplio espectro político y del movimiento de D.H. y al
juicio de la calle que a veces también penetra esos gruesos muros.
Veamos un ejemplo concreto del rol jugado por el Poder Judicial y su cúpula. Por Mauricio
el 20 de agosto de 1974 se presentó el recurso de amparo, rol 963- 74, ante la Corte de
Apelaciones de Santiago. El expediente se extravió y debió reconstituirse. El 1 de abril
de ese año era rechazado el amparo y se ordenaba remitir los antecedentes al Primer
Juzgado del Crimen. Luego el 8 de abril se iniciaba la causa rol 106.791 por presunta
desgracia ante el mencionado juzgado. El 4 de agosto de 1976 el juez declaraba el cierre
del sumario y su sobreseimiento temporal. Esta resolución fue aprobada por la Corte de
Apelaciones el 6 de octubre de 1976.
Pasaron largos años y en 1991 se reabrió el sumario en la causa rol 106.791 por presunta
desgracia. En virtud de estos nuevos antecedentes el 2 de diciembre de 1991, los padres de
Mauricio Jorquera, interpusieron una querella criminal.
El juez Guzmán estableció hace un par de años, que los restos de Mauricio habrían sido
tirados al mar entre San Antonio y Quinteros, encontrando incluso rieles que confirmaban
la versión que estos iban adosados a los cuerpos, para mantenerlos en las profundidades.
La UDI, la UC y Lavín
El candidato de la UDI tiene hoy 52 años. El 73 tenía 20 años, o sea, era un año mayor
que Mauricio Jorquera. En octubre de 1973, era detenido y desaparecía en la ciudad de
Cauquenes el técnico agrícola Claudio Lavín Loyola, tenía 29 años y militaba en el
PS. Sus restos eran reconocidos 26 años más tarde, a raíz de la investigación del
ministro Guzmán. Joaquín Lavín en 1973, a pocos meses del golpe militar, ¿podía
ignorar que un primo hermano era afectado tan directamente? Con 23 años Lavín se
recibía de ingeniero comercial en la Universidad Católica. Era el año 1976.
¿Qué hubiese sucedido si los entonces presidentes de la FEUC, Juan Antonio Coloma y
Andrés Chadwick hubiesen reclamado por sus profesores y compañeros de sala expulsados,
detenidos, torturados y desaparecidos? ¿Cómo habría reaccionado el rector-almirante
Jorge Sewtt? ¿Que hacía Jaime Guzmán, fuera de condolerse e interponer sus oficios en
casos muy puntuales, mientras en paralelo asesoraba con su cabeza y su pluma a la
mismísima Junta Militar y al general Leigh en particular?
Por esos años, el senador Carlos Bombal, como jefe de gabinete del rector de la época,
recibía a los agentes de la DINA que andaban a la caza de opositores, como informaba la
revista “El Periodista” en agosto del 2003.
¿Qué sucedía, en tanto, en la Facultad de Derecho donde Jovino Novoa y Miguel Kast
fueron presidentes de su Centro de Alumnos? ¿El joven Lavín en la UC, entraría a los
baños y leería audaces rayados o escucharía murmuraciones de los pasos de la DINA
“poroteando” en el Campus Oriente desde camionetas Luv C 10 con cabinas con
toldos y patentes negro y blanco, llevaban en sus cabinas a hombres y mujeres esposadas,
para reconocer y delatar a sus compañeros?
Parece que ninguno de ellos se enteró en 1975 de la detención del profesor y poeta del
Instituto de Literatura Jaime Ignacio Ossa Galdames, quien luego fallecería en Villa
Grimaldi de las torturas recibidas. ¿Alguien en la Pontificia escucho decir que junto a
Ignacio fue detenido el seminarista Ricardo Salgado, quien logró sobrevivir?.
¿O quizás les suene el nombre de Alan Bruce Catalán, estudiante de Ingeniería Civil de
la misma universidad, desaparecido por obra de su tío el teniente coronel del Ejército
Marcelo Morén Brito?
¿Habrán escuchado referirse al también profesor e investigador Juan Avalos Davidson,
militante del PC, detenido por la DINA en noviembre de 1975 y desaparecido hasta el
hallazgo de sus restos en 1990, en un recinto que perteneció al Ejército?
¿Quién de estos ahora señores honorables diputados, senadores y dirigentes políticos
“escuchó nombrar” a Jenny Barros Rosales, estudiante de enfermería, detenida
en San Bernardo?
¿Llegarían peticiones de audiencia, ayuda o solidaridad al despacho del entonces
Vicerrector de Comunicaciones y académico señor Hernán Larrain, quien desempeñó esos
altos cargos entre 1974 y 1986? ¿Acaso no sobraban asientos o quedaban evaluaciones sin
reclamar y mensualidades impagas cuando faltaban estos estudiantes desaparecidos, muertos,
clandestinos y exiliados?
Parece que son demasiadas las evidencias, los cruces de fuentes, las señales e indicios
para haberse enterado de algo, para haber sospechado que “estaban sucediendo hechos
graves y punibles”. Por todo lo ya expuesto, es que no creemos en las
"desafecciones" de Joaquín Lavín.
Su paso por Concepción y El Mercurio
Pasaron los años. En 1979, con 26 años, Lavín asumía como decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción. El
rector-delegado era el teniente coronel de caballería Heinrich Rochna Viola, luego
asumiría Guillermo Clericus, quién lo exoneraría, producto de disputas intestinas entre
facciones nacionalistas y gremialistas.
Lavín estaba muy enfrascado en sus altas responsabilidades. Tampoco daba crédito a los
informes de Naciones Unidas, y con mucha certeza fue de las personas que escuchó y leyó
una nómina de "presuntos desaparecidos sin existencia legal" entregada por el
delegado del gobierno chileno ante el organismo internacional, Sergio Diez, en noviembre
de 1975.
Eran años en que las gestiones de la señora Lucy Encina, la madre de Mauricio, frente a
los tribunales, el Comité Pro Paz y la Vicaría buscaban asumir el previsible desenlace
de ese hijo ausente. Pero, la Corte Suprema “estaba en otra”.
En 1981 y durante los próximos siete años Joaquín Lavín asumirá como editor de
Economía y Negocios y luego como editor de Informaciones de El Mercurio. Durante ese
tiempo, varios centenares de hombres y mujeres mueren en ejecuciones y falsos
enfrentamientos, protestas callejeras y también un número menor en acciones de
resistencia. Joaquín Lavín, pese a estar en el diario con el mayor archivo periodístico
del país, además de tener a mano significativos poderes fácticos, etc., seguiría
ignorando las violaciones a los derechos humanos.
La Iglesia Católica, junto a otras confesiones religiosas, asumía una activa denuncia de
estos atropellos y crímenes, pero tampoco Joaquín Lavín pudo creerles a sus pastores.
Sucesivos informes desoídos
Con la transición, vino el Informe Rettig, la Mesa de Diálogo y luego el Informe Valech.
Pero, nada de ello pareció configurar la verdad esperada. El punto de inflexión para
descreer en el régimen pinochetista no estuvo en las investigaciones de jueces dignos
como García, Bañados, Luksic, Guzmán, Dolmetsch, Muñoz y tantos otros. No, tuvo que
suceder lo del banco Riggs para que, involucrado el dinero de por medio, Lavín y sus
amigos de generación recién comenzaran a dudar de Pinochet.
Resulta exigible, que de una vez por todas la derecha y sus conspicuos representantes
asuman que guardaron silencio culposo, que miraron para el lado, cuando no colaboraron
abiertamente con la represión de 17 años.
Se quiera o no los Derechos Humanos se harán presentes en la campaña presidencial.
Pretender abstraerse del tema, reducirlo o utilizarlo espuriamente para
“desafectarse” como Lavín lo intenta, no parece dar dividendos auspiciosos. Es
de esperar que en el oficialismo y la izquierda extra parlamentaria, además de en
mayoritarios sectores sociales, existan además de las sensibilidades, las actitudes
concretas que permitan converger en este plano, para seguir avanzando, aunque sea a paso
corto, en este tema. Porque aquí parece que no habrá milagros.
Ahora, es el jefe de la DINA Manuel Contreras quien reinstala desde sus intereses el tema.
Lo pone sobre la mesa como pieza fabricada ad-hoc para exculparse y cerrar en Pinochet
todas las responsabilidades. Se alteran las fechas y las circunstancias, se omiten
aspectos, se construye una nueva operación diversionista, no sabemos si extraída de los
famosos baúles enviados al extranjero o del “ingenioso” consejo de algunos de
sus testaferros.
Lo cierto, es que es parte del sálvese quien pueda y si más de alguno en la derecha
“olvidadiza” cree que esto cierra el tema, se equivocan una vez más. El listado
de Contreras, más allá de sus acomodos, revela desde otra fuente, la magnitud de los
crímenes y del macabro juego de borrar vestigios, aplicando aún más saña e indignidad,
como lo revelan monstruosos detalles como “los rieles y los tambores con
cemento”. Lavín se desafecta de Pinochet y Contreras también. Mientras varios en RN
lo hacen más naturalmente, en la UDI todavía justifican su “ignorancia
culposa” y sus distancias calculadas, no hacen sino delatar sus tremendas
responsabilidades en estos crímenes de lesa humanidad.
Entretanto, los viejos se mueren sin verdad ni justicia. Mientras, nosotros, seguiremos
recordando a Mauricio Jorquera y a todos los que en vida y sueño significaron tanto y
tienen el derecho a toda la verdad y justicia que sus nombres reivindicados hoy, así
demandan.
Ignacio Vidaurrázaga es periodista. |
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