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De Puro Chile - 6 octubre 2007
LOS
PINOCHET COMO AL CAPONE Es
del todo curioso contemplar cómo, para la justicia chilena resultan más graves
los delitos de evasión tributaria, el uso malicioso de documento público, la
adulteración de bienes ante notario y la malversación de fondos públicos, que
el asesinato masivo de gente indefensa, la tortura sistemática de miles de
personas con métodos horrorosos, la planificación y ejecución de miles crímenes
y posterior desaparición forzada de los cuerpos de la víctimas. A
todas luces es un parámetro extraño toda vez que, seguramente, muchos de los
miles de dólares hurtados de los “fondos reservados” a la Presidencia, a la
Casa Militar y a la Comandancia en Jefe del Ejército por la pandilla de
terroristas de Estado que se apoderó por la fuerza de las armas del gobierno
constitucional de Chile, se utilizaron para cometer sus innumerables delitos e
intentar perpetuarse en el poder. Esta
mesurada práctica judicial se asemeja mucho a la utilizada en los EEUU durante
los años de la Ley Seca en la persecución del gánster y otrora máximo jefe
de la mafia estadounidense, Alfonso Capone, que termina finalmente en la cárcel
no por sus innumerables crímenes –como autor e inductor - de múltiples
asesinatos de rivales, policías e inocentes sino por delitos –diríamos- de
menor calibre o delitos denominados de cuello blanco. Indudablemente, delitos
menores comparados a los otros crímenes de la dictadura. En
1975, dos años después del sangriento golpe de Estado en Chile, el dictador
Pinochet aseguraba en la prensa nacional que “este es un gobierno honorable.
Por eso es que el pueblo chileno nos apoya. Y cuando yo tenga que irme, llegaré
hasta la notaría y retiraré mi sobre con mis haberes, nada más. Incluso, a lo
mejor me voy con menos de lo que tenía cuando asumí este cargo”. Son las
palabras textuales de un general asesino, mentiroso y ladrón que nunca fue
condenado por la justicia chilena que se ubicó como espectadora de las matanzas. Ahora,
muerto el dictador, un juez, Carlos Cerda, encarcela y procesa a todo su entorno
familiar, su viuda, sus tres hijas y sus dos hijos. Van a cárcel también por
los delitos mencionados más arriba, 17 personas, una parte ínfima del entorno
militar y civil del sanguinario dictador. Todos estos sujetos son encausados por
delitos de cuello blanco: por haber ayudado al genocida a amasar una fortuna aún
no determinada exactamente, pero que según fuentes de la propia Concertación
de Partidos por la Democracia puede sumar decenas de millones de dólares en
efectivo, propiedades y hasta barras de oro puro depositadas o escondidas en
lejanos bancos de paraísos fiscales. Abierta la caja de pandora, le corresponde
ahora a la justicia determinar con precisión dónde se encuentran las demás
cajas de seguridad a nombre de generales o civiles testaferros en las cuales
escondieron el botín los generales y los empresarios que saquearon Chile
durante casi 20 años. ¿Y
qué pasa con los fondos reservados de la Fuerza Aérea? ¿Y los de la Armada?
¿Y los de la Policía Militarizada denominada Carabineros? Fue una dictadura de
casi 20 años ejercida conjuntamente por las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Todos asesinaron inocentes en una política de exterminio, institucional y
sistemática. Todos adhirieron a la doctrina de Seguridad Nacional. Todos
obedecieron las órdenes del Pentágono y la CIA. ¿Y sólo robaron los
militares? ¿O los Almirantes y generales creían que esos fondos eran botín de
guerra como El Clarín, los objetos personales de Neruda y Allende robados de
sus casas, o la Imprenta Horizonte, o la Radio Corporación? Estos
compinches del dictador intervinieron directamente –según el juez Cerda- en
planificar y llevar a efecto las operaciones de evasión tributaria, falsificación
de pasaportes e identidades, declaraciones maliciosas o falsas, desfalcos y
malversación de fondos públicos. Esto último, se refiere al hurto masivo de
millones de dólares de los fondos reservados del Ejército depositados en
decenas de bancos internacionales, pero fundamentalmente en el Banco Riggs que a
juicio del general Ballerino (uno de los imputados y procesados) “lo hacía mi
general para tener una vejez tranquila y segura”. Esos fondos eran finalmente
transferidos a cuentas bancarias de la familia Pinochet y sus compinches más
cercanos. Cientos
de miles de dólares robados del erario nacional fueron a engrosar las cuentas
corrientes de la esposa y los hijos de Pinochet; de su secretaria personal, Mónica
Ananías; de los Generales Jorge Ballerino alias John Long y Guillermo Garín,
su vocero personal; del Cónsul chileno en Los Angeles, Patricio Madariaga,
hermano de una Ministra de Justicia de Pinochet; de sus abogados Ambrosio Rodríguez
y un nutrido grupo de militares de alto rango involucrados también unos en tráfico
de armas a Croacia, tráfico de influencias, sustracción de pasaportes y
homicidios de diplomáticos como es el caso del general Enrique Lepe Orellana,
agente de la DINA procesado como coautor del crimen del diplomático español
Carmelo Soria. Resulta
sorprendente que dos de los procesados y encarcelados en regimientos en
condiciones de opulencia como son los coroneles de ejército Ricardo McLean
Vergara y Mortimer Jofré, son actualmente altos oficiales en activo dentro de
las filas de la institución castrense. Se han sucedido cuatro gobiernos de la
Concertación y nada les ha pasado. Siguen firmes en el ejército con el beneplácito
del Gobierno naturalmente. Ambos fueron importantes oficiales del círculo íntimo
de Pinochet. El primero se desempeñó durante muchos años como jefe del
sistema de escoltas del dictador y acompañaba al dictador el día que un
comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez lo emboscó en las faldas de la
Cordillera de Los Andes. Escapó al lanzarse por un barranco cuando se inició
el tiroteo. Más tarde fue Agregado Militar en Washington. El coronel Jofré,
importante testaferro del dictador, es actualmente nada menos que Comandante de
la División de Educación del Ejército. La
justicia chilena debería ahora investigar a fondo otras denuncias en esta misma
línea de latrocinios ya que, claro está, se han negado a buscar la verdad y
ejercer justicia en los crímenes, atrocidades y múltiple violaciones a los
Derechos Humanos que se produjeron a lo largo de toda la dictadura. Todos los
gobiernos posteriores a la dictadura, no han tenido ni la voluntad ni la valentía
de establecer la verdad en este ámbito. En cuestiones de crímenes de la
dictadura tanto el gobierno de Chile como los tribunales aplican la doctrina de
la impunidad. Ahora se abre una línea procesal que -aunque justa y necesaria-
podría contribuir a tapar los crímenes más graves de la dictadura
pinochetista y minimizar o postergar el juzgamiento de delitos mucho más graves
sobre los cuales es imperioso que la justicia actúe. Deberían
por ejemplo los tribunales investigar más a fondo y procesar a todos los
implicados en masivos contrabando de armas que se produjeron durante los años
de la dictadura, llegar hasta el fondo de los llamados “pinocheques”,
investigar informaciones sobre el tráfico de drogas y lavado de dinero de altos
miembros del Ejército en la Primera Región fronteriza con Perú y Bolivia
durante los años del plomo. La justicia debería investigar a fondo y de una
vez por todas, la gestión como presidenta de la institución benéfica CEMA-Chile
de Lucía Hiriart, la esposa de Pinochet. Deberían investigarse los patrimonios
de todos los oficiales de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, Servicio de
Investigaciones y Policía Militarizada como es la institución de Carabineros. En
esta línea, la justicia debería investigar, y si cabe procesar, a todos los
ministros civiles y militares del dictador Pinochet, a miembros de la propia
Corte Suprema, a funcionarios de las policías secretas y organismos de represión,
a Intendentes y Gobernadores, a altos funcionarios del régimen sospechosos de múltiples
delitos como robo de radio emisoras de partidos políticos, de instituciones y
particulares, imprentas, propiedades, automóviles, negocios, diarios, periódicos
y revistas de ex personeros del Gobierno de Salvador Allende o sus instituciones
legales. Especial
atención de los jueces deberían recibir las investigaciones de
las “ventas” de empresas del Estado a conocidos empresarios
pinochetistas y familiares del dictador como es el caso de la importante empresa
Soquimich “adjudicada” a uno de los yernos del dictador César Ponce Leroux
casado con una de las hijas del dictador. En ocasiones, la “transferencia”
de empresas públicas se hizo a incondicionales del dictador carentes de capital
para efectuar las compras de bienes y activos del Estado, pero otros empresarios
y pinochetistas avalaron los préstamos bancarios que por lo demás nunca
pagaron. De
esta manera, los curiosos parámetros establecidos por la justicia en Chile en
el sentido que tienen más peso específico los delitos de corrupción y
latrocinio que el asesinato, la tortura, las desapariciones forzadas y la
violaciones de los DDHH, podría hacernos pensar que los acuerdos de la transición
pactada con la dictadura en 1989 no contemplaban la impunidad en estos ámbitos.
Así, pudiese ser que los tribunales de justicia y la propia Concertación
subsanen o encubran parcialmente la negación de justicia que reclaman las víctimas
de la dictadura desde hace más de 30 años. Si estas acciones del juez Cerda se
imponen –lo cual es positivo desde todo punto de vista siempre y cuando sean
efectivamente condenados los imputados- no pueden, claro está, actuar como
precedente o tapadera de los otros múltiples crímenes de la dictadura. En
estas circunstancias y viendo el nivel del discurso de uno de los nietos
militares del dictador en su funeral el pasado diciembre, nos preguntamos: ¿y
los nietos de Pinochet? Porque
con esos papis y mamis y abuelos… Ricardo Rodríguez es periodista y escritor. Ha publicado en la Editorial Txalaparta “¿Cuántas veces en un siglo mueve sus alas el colibrí?” Marzo 1999; “El desafío de Bin Laden” Septiembre 2002 y “La Ruta del Esqueleto” Marzo 2006. |
