De Puro Chile - 23 junio 2005
EL FIN DE LA IMPUNIDAD EN ARGENTINA
Por Frida Modak

Poco a poco se va haciendo justicia en los países sudamericanos que, desde mediados de los sesenta hasta fines de los años ochenta del siglo XX, sufrieron los horrores de las dictaduras militares al servicio de la seguridad nacional estadunidense. Argentina fue el primero en juzgar a los integrantes de las juntas militares, pero muy pronto se echó marcha atrás debido a los actos de insubordinación de las fuerzas armadas, que amenazaban a la frágil democracia establecida con el acceso al gobierno de Raúl Alfonsín.

El fracaso de los militares en la guerra de Las Malvinas, contra Gran Bretaña, los obligó a buscar una salida electoral a una situación que se les hizo inmanejable. Lo que nunca esperaron fue que Alfonsín los pusiera a disposición de la justicia para que rindieran cuenta de los crímenes cometidos desde el golpe de 1976. A raíz de ese juicio, los que en su calidad de comandantes en jefe del ejército, la marina y la aviación habían integrado las sucesivas juntas militares fueron condenados: Jorge Rafael Videla, Eduardo Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola y Armando Lambrushini.

Pero la lista era larga, porque siguiendo las enseñanzas recibidas en los entrenamientos en la estadunidense Escuela de las Américas, los comandantes en jefe habían involucrado a todos los estamentos de las fuerzas armadas en los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de por lo menos 30 mil personas. Las fuertes presiones de los estamentos catrenses hicieron que el gobierno de Alfonsín dictara en 1986 la ley de punto final, según la cual no habría acciones penales por los delitos cometidos durante la dictadura.

Al año siguiente esa norma dejó de regir y se produjeron los alzamientos de los carapintadas, como Aldo Rico, lo que determinó la dictación de la ley de obediencia debida. En 1989 el nuevo presidente, Carlos Menem, indultó a 277 civiles y uniformados, entre ellos los comandantes en jefe ya individualizados. En todos estos años esas leyes han sido varias veces declaradas inconstitucionales o constitucionales por diversas instancias judiciales. El martes pasado la Corte Suprema determinó que las leyes del perdón, como se las conoce, son inconstitucionales.

MADRES, ABUELAS, HIJOS

Pero hay un delito que nunca prescribió: el secuestro y robo de infantes. Por eso Videla y Massera, entre otros, volvieron a la cárcel hace algunos años. Las presas políticas que estaban embarazadas eran aisladas del resto de los detenidos y cuando tenían a sus hijos se perdían sus rastros. De todo esto surgieron las principales organizaciones civiles argentinas

Primero fueron las Madres de la Plaza de Mayo que todas las semanas reclamaban la aparición de sus hijos frente a la Casa Rosada, sede del gobierno. Obtuvieron apoyo y reconocimiento a nivel internacional. Establecido que también había nietos nacidos en prisión y que habrían sido entregados en adopción a militares, surgieron las Abuelas de la Plaza de Mayo. Finalmente, los niños que fueron criados por sus familiares tras la detención y desaparición de sus padres, se organizaron en Hijos y se sumaron a la búsqueda de las Madres y Abuelas.

Estos tres organismos, altamente representativos también desde el punto de vista generacional, son los grandes triunfadores del fallo judicial del martes, que se produjo a raíz de la demanda por la detención en 1978 de un matrimonio y su hija, entonces de 8 meses. Los padres están desaparecidos y las Abuelas identificaron a los que se apropiaron de la menor. Aunque se trata de un caso puntual, el fallo es aplicable a todos, porque las leyes de punto final y obediencia debida fueron declaradas inconstitucionales por el más alto tribunal del país.

LOS JUICIOS

Se estima que unos 3 mil elementos de todos los niveles de las tres ramas de las fuerzas armadas y la policía, en activo y retiro, son susceptible de ser procesados. Mientras eso “inquieta” a algunos políticos derechistas el ex-comandante en jefe del ejercito, general en retiro Martín Balza, ahora embajador en Colombia y que fue el primero en reconocer y pedir perdón por los excesos cometidos, se declaró”gratamente” sorprendido por el fallo “ejemplar y con un alto contenido docente”, porque cuando se actuó en nombre de la reconciliación, dijo, no sólo no la hubo sino que se instaló el concepto de impunidad.

Mientras se hacen votos para que los culpables no sean finalmente exonerados como está pasando con Pinochet en Chile, vale la pena recordar lo dicho por Massera, miembro de la primera junta militar, cuando en el juicio a que fue sometido en los ochenta le preguntaron si el “aniquilamiento de la subversión” justificaba los crímenes:

“Ninguno de los objetivos del Proceso de Reorganización Nacional puede justificar lo que el señor presidente señala. Por lo contrario, el concepto general del Proceso era occidental, humanista, cristiano. Alguna vez señalé que el hombre debía ser el objeto de la política y no el objetivo.Vale decir, lo primordial es el hombre. Durante la guerra contra la subversión pudieron haberse cometido errores. Pero si usted me pide que señale alguno no podría especificarlo porque rechazo que se hayan cometido excesos, o si se cometieron excesos, en el ámbito de la Armada, cada vez que se tenía conocimiento de algunos se investigaba. Lamentablemente la prensa amarilla, que ha desarrollado una campaña difamatoria, ha hecho de alguna manera creer a la población de una actuación poco ética de las Fuerzas Armadas, que desde ya descarto”.

La Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, donde se cometieron las torturas más aberrantes ni siquiera fue un exceso para Massera. Su sucesor, Lambruschini fue más lejos en su cinismo y dijo al ser juzgado que “se han trastocado altos valores éticos. Vamos a suponer que haya aparecido un cáncer, la subversión, que quiere romper la forma de vida argentina, y se producen operaciones para extirparlo.Con el tiempo resulta que el cáncer era bueno y la extirpación era mala”.