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Piden
expulsion de A. Edwards del Colegio de Periodistas
Thu, 22 May 2003
Manuel Cabieses Donoso, director de la revista Punto Final y
dirigente nacional del gremio de periodistas, solicitó hace más de dos años la
expulsión de Agustín Edwards Eastman, dueño de la cadena El Mercurio, del Colegio de
Periodistas de Chile, sin que el Tribunal de Etica de esa organización se haya
pronunciado -ni a favor ni en contra- a pesar del tiempo transcurrido, según una nota que
publicará mañana ese quincenario (Punto Final N° 544, del 23 al 5 de junio,
2003), cuyo texto completo se reproduce a continuación:
Agustín Edwards
EL INTOCABLE
"Los periodistas están al servicio de la
verdad, los principios democráticos y los derechos humanos". (Art. 1º del Código
de Etica del Colegio de Periodistas de Chile).
El 9 de enero del 2001 el director de Punto Final, Manuel Cabieses Donoso, solicitó al
Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas que abriera un sumario para expulsar a
Agustín Edwards Eastman, propietario de El Mercurio, por su responsabilidad en el golpe
de Estado de 1973. Edwards -inscrito en el Colegio de Periodistas con el número 88-
merece ser expulsado -sostiene el acusador- porque su conducta configura una grave
violación del Código de Etica del Colegio. Han pasado más de dos años y el sumario
contra el poderoso empresario periodístico no se ha iniciado. El convencimiento de que no
hay condiciones en el ámbito gremial para investigar la conducta de Edwards, lleva al
director de PF a hacer público lo que durante 28 meses se mantuvo en el marco de un
procedimiento estatutario que no ha funcionado.
La acusación a Agustín Edwards, formulada en enero del 2001, señala que su
responsabilidad en la conspiración que llevó al derrocamiento del presidente Allende ha
quedado establecida en el Informe Church del Senado norteamericano, en los documentos
desclasificados de la CIA, en las memorias del ex secretario de Estado Henry Kissinger, en
testimonios de ex altos funcionarios de la Administración Nixon y en trabajos de
investigación periodística como El precio del poder de Seymour Hersh, ganador del Premio
Pulitzer en EE.UU.
"Esta información -dice la acusación ante el Colegio de Periodistas- señala que
Edwards abandonó Chile pocos días después de la victoria electoral del Dr. Salvador
Allende, en septiembre de 1970. En EE.UU. inició gestiones en las que fue apoyado por
Donald Kendall, presidente de la transnacional Pepsi Cola, quien tenía contacto directo
con el gobierno republicano. Kendall y Edwards fueron recibidos por el presidente Richard
Nixon en la Casa Blanca el 14 de septiembre de 1970. En esa reunión participaron también
el secretario de Estado Henry Kissinger y el fiscal general, John Mitchell. Agustín
Edwards les hizo un análisis de la amenaza que, según él, significaba el triunfo de
Allende para los intereses norteamericanos en Chile. Su exposición culminó pidiendo la
intervención del gobierno de EE.UU. para impedir que Allende asumiera la presidencia de
la República en noviembre de ese año, o para producir luego su derrocamiento. Nixon
-según los testimonios- se mostró muy impresionado con los argumentos de Edwards y
ordenó de inmediato al director de la CIA, Richard Helms, que se reuniera con Edwards y
Kendall para discutir las acciones a emprender en Chile. Esa reunión se hizo al día
siguiente y en la noche Nixon volvió a reunirse con Kissinger, Mitchell y Helms, a
quienes ordenó actuar contra Allende, acogiendo la petición y sugerencias de
Edwards".
"Como se sabe, la conspiración financiada y asesorada por la CIA -que incluyó el
asesinato del comandante en jefe del ejército, general René Schneider, y el cohecho de
parlamentarios que votarían en el Congreso Pleno- no logró impedir que el Dr. Allende
asumiera el 3 de noviembre de 1970. El gobierno de EE.UU. pasó entonces a la segunda fase
del plan, promoviendo y financiando la campaña de desestabilización del gobierno
constitucional de Chile. Edwards asumió una vicepresidencia en la Pepsi Cola y no
regresó a Chile hasta después del golpe de Estado. Durante el período 70-73, como
señalan los documentos desclasificados de la CIA, algunos partidos políticos, entidades
gremiales, medios de prensa, etc., recibieron cuantiosos fondos clandestinos. El diario El
Mercurio recibió más de un millón y medio de dólares por su rol en la conspiración
contra la democracia chilena. Estos hechos jamás han sido desmentidos por Agustín
Edwards, que no podría hacerlo por la seriedad de las fuentes. Ex funcionarios de El
Mercurio, como Fernando Léniz, han admitido que el diario 'pudo' recibir dinero de la CIA
'ignorando' su procedencia". Más adelante la denuncia señala que existe "el
deber de abrir esta investigación y sancionar a Agustín Edwards con la expulsión del
Colegio de Periodistas. Nuestra institución, que sustenta claros principios
democráticos, no puede admitir a alguien que ha violado en forma tan grave -y con
consecuencias tan trágicas para el país- los artículos 1, 5 y 28, entre otros, del
Código de Etica de los periodistas. Estoy consciente que la expulsión de Edwards del
Colegio de Periodistas sería sólo una sanción moral. Su conducta antipatriótica y
criminal merecería un castigo verdaderamente ejemplar. Sin embargo, el país vive
todavía bajo el imperio de los poderes fácticos -el propio Edwards es uno de ellos- que
provocaron la tragedia nacional que costó miles de ejecutados, detenidos desaparecidos,
torturados, exiliados, exonerados políticos, etc. En otras circunstancias o en países
donde todos los ciudadanos son iguales ante la ley, Agustín Edwards sería juzgado por
traición a la patria y complicidad en los crímenes atroces cometidos por las FF.AA. y
Carabineros. La misma suerte correrían otros empresarios y políticos chilenos que
también fueron agentes de una potencia extranjera para pisotear la Constitución y las
leyes de nuestro país. No obstante, el Colegio de Periodistas de Chile, en un gesto que
sin duda reconocería el país, puede sancionar de alguna manera la vergonzosa conducta de
Agustín Edwards, aplicándole el rigor de sus estatutos y Código de Etica".
Una semana después, el 16 de enero del 2001, se entregaron al Consejo Metropolitano del
Colegio de Periodistas diversos documentos que respaldaban la acusación. Entre otros el
boletín del Senado norteamericano titulado Covert Action in Chile 1963-73, más conocido
como Informe Church; la revista The Atlantic Monthly que reproduce el capítulo
"Kissinger, Nixon y Chile" del libro The Price of Power de Seymour M. Hersh, de
especial importancia pues registra que Agustín Edwards era "el principal contacto
para la CIA y las corporaciones de negocios estadounidenses"; un ejemplar del Informe
Hinchey de la Cámara de Representantes de EE.UU., que obligó a la CIA a desclasificar
documentos que revelan el financiamiento que entregaba a la empresa de Edwards; el libro
Frei, Allende y la mano de la CIA, compilación y traducción de informes del Senado
norteamericano del periodista chileno Cristián Opaso (al que se sumaría el libro de
Opaso y Armando Uribe sobre la intervención norteamericana en Chile). El 18 de enero del
2001 se adjuntaron nuevos documentos, entre ellos algunos capítulos del libro Mis
Memorias de Henry Kissinger, que se refieren a la participación de Edwards en la
conspiración contra Allende, y del libro La Conjura, de la periodista chilena Mónica
González. Más tarde se agregó la versión de La Tercera (27 de octubre del 2002) sobre
las memorias de David Rockefeller, íntimo amigo de Edwards, quien lo puso en contacto con
Henry Kissinger incluso antes que Allende ganara las elecciones de 1970.
El Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas designó al consejero Juan Domingo
Silva Reyes para establecer la pertinencia del sumario contra Edwards. El 21 de abril del
2001, ese consejero recomendó abrir la "investigación sumaria sobre la conducta del
Sr. Edwards Eastman y que se constituya una comisión ad hoc que revise el comportamiento
de la prensa (periodistas y medios) en el período de los años 70 y su responsabilidad en
los acontecimientos (pre y post golpe de Estado)". Sin embargo, el tiempo pasó sin
que se iniciara el sumario. El 30 de septiembre del 2002 el Tribunal de Etica y Disciplina
de la Región Metropolitana (Tred) comunicó al denunciante su decisión de
"declararse incompetente para conocer el caso". El 2 de octubre, el denunciante
recurrió al Tribunal Nacional de Etica del Colegio de Periodistas, solicitándole que
ordenara al Tribunal Metropolitano abrir el sumario ya que existían antecedentes
suficientes para hacerlo. El 30 de octubre del 2002 el Tribunal Nacional adoptó la
resolucion Nº 1-10-02 disponiendo "la apertura del proceso correspondiente en el
caso Cabieses vs. Edwards, de acuerdo a la normativa vigente". Firmaron esa
resolución: Lidia Baltra Montaner, presidenta; Felidor Contreras Muñoz, secretario
general; y los jurados Jorge Donoso Pacheco, Guillermo Hormazábal Salgado y Guillermo
Sandoval Vásquez. Sin embargo, el Tribunal Metropolitano del Colegio de Periodistas sigue
agobiado por problemas de funcionamiento que le impiden iniciar el sumario contra el
dueño de la empresa El Mercurio.
Hacer pública esta denuncia constituye un último recurso a la conciencia de los
ciudadanos y, en particular, de los periodistas. Que sean ellos los que juzguen a Agustín
Edwards
MANUEL CABIESES DONOSO
("Punto Final", edición Nº 544, del 23 de mayo al 5 de junio, 2003) |
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