INTENTAN REVERTIR DECISIÓN DE JUEZ JUAN GUZMÁN, ESPERANDO QUE ASUMA JUEZA QUE LOS PODRÍA FAVORECER
El cierre de Caravana de la Muerte inquieta a los abogados defensores

La medida decretada por el juez Juan Guzmán dejó como resultado 21 procesados por 96 prisioneros políticos asesinados en nueve ciudades. A juicio de los querellantes, abogados defensores buscan revertir la medida y dilatar el proceso a la espera de que Guzmán jubile y asuma la ministra Gabriela Pérez, que ha votado a favor de Pinochet.

Por Jorge Escalante - De La Nación

Con el cierre de la etapa de sumario del proceso por la Caravana de la Muerte, que instruye el juez Juan Guzmán a partir de 1998, se puso fin a la investigación del primer operativo de exterminación masiva de prisioneros durante la dictadura, y el primero por el cual el ex dictador Augusto Pinochet fue llevado ante los tribunales en 2000, al regreso de su detención en Londres. El magistrado dejó sólo abierta la investigación por el episodio de San Javier-Linares, donde fueron ejecutados cuatro detenidos.

En paralelo, ayer Guzmán elevó al pleno de la Corte de Apelaciones la petición de desafuero contra el general (R) Augusto Pinochet por el caso del montaje de chilenos asesinados en 1975 y que se conoce como Operación Colombo. El recurso lo planteó el abogado Hernán Quezada el lunes reciente.

El cierre del sumario fue respaldado por abogados querellantes, entre ellos Hiram Villagra, que manifestó que la investigación está agotada, tal como lo consideró el juez Guzmán al decretar la medida. No obstante, conocida la noticia, abogados defensores de los procesados llegaron a la oficina del juez Guzmán para pedir expedientes y solicitar una serie de diligencias que apuntan a revertir la decisión para reabrir el sumario.

Los querellantes consideran esto como un intento por dilatar el proceso y un contrasentido frente al reclamo por el retardo de los juicios, y opinan que los defensores apuntan a que como el juez Guzmán jubilaría a partir de marzo o abril, quien será su sucesora en algunas causas, la ministra Gabriela Pérez, dicte resoluciones que favorezcan a los militares (R) procesados. La jueza Pérez ha manifestado reiteradamente en los últimos años su voto por la inmunidad de Pinochet en los desafueros. Incluso subrogando a Guzmán ha dictado resoluciones que contradicen sus decisiones.

La investigación dejó como resultado 21 procesados, entre ellos tres generales (R), por 96 prisioneros asesinados en nueve ciudades del sur y norte del país entre el 30 de septiembre de 1973 y el 22 de octubre de 1973 (ver recuadros). En el caso de Pinochet, éste si bien fue desaforado por las cortes y encausado por el juez Guzmán, las cortes lo sobreseyeron definitivamente de este proceso en una maratónica presentación de apelaciones y otro tipo de recursos entre los años 2001 y 2002. Para ello argumentaron una “demencia subcortical leve a moderada, progresiva e irrecuperable, que no le permite seguir siendo sujeto procesal activo para ejercer su defensa”. La historia con Pinochet cambiaría después, cuando volvió a ser desaforado por las cortes y procesado en otras causas a cargo del ministro Guzmán, calidad que mantiene hasta ahora.

El juicio por la Caravana de la Muerte es considerado el principal o el más emblemático proceso desde que en 1998 comenzaron las investigaciones por las querellas interpuestas en contra de Pinochet. En él fue apareciendo una gran cantidad de información y sobre todo documentos del Ejército hasta entonces desconocidos, que luego sirvieron para alimentar otras causas en contra del ex gobernante de facto.

La Caravana de la Muerte tiene, además, directa relación con la formación de la DINA desde los días posteriores al golpe militar. Incluso desde el escuadrón que formó Pinochet para este operativo, entregándole el mando de éste al general Sergio Arellano Stark, surgieron quienes posteriormente fueron las piezas más relevantes de la DINA, después de quien fue su director ejecutivo, bajo el mando de Pinochet, Manuel Contreras.

EL ITINERARIO

El número de víctimas por ciudades que dejó la caravana es el siguiente: 12 víctimas en Valdivia; 2 en Curicó (ambos eran GAP de Allende); 4 en Linares; 4 en Cauquenes; 15 en La Serena; 16 en Copiapó; 14 en Antofagasta; 26 en Calama y 3 en Arica. Por una cuestión administrativa, fuera del proceso está el episodio de Temuco que investiga el ministro Joaquín Billard, donde al paso del escuadrón de Arellano entre el 2 y 4 de octubre de 1973 (Arellano estuvo dos veces en Temuco) fueron asesinados otros 6 prisioneros. En Rancagua, Talca, Concepción, Puerto Montt, Iquique y Pisagua, donde también llegó el helicóptero Puma, no hubo ejecuciones, pero sí fue destituido y arrestado en Talca por Arellano el 30 de septiembre de 1973 el comandante del Regimiento de Montaña Nº 16, teniente coronel Efraín Jaña. El destacamento enviado por Pinochet salió de Tobalaba el 30 de septiembre de 1973 y regresó a Santiago el 6 de octubre de 1973, cubriendo el tramo sur. Luego partió al norte el 16 de octubre de 1973, regresando a Santiago desde Arica el lunes 22 de octubre de 1973.

PROCESADOS Y CARGOS

Los 21 procesados son los siguientes:
general (R) Sergio Arellano Stark, jefe del escuadrón en calidad de “oficial delegado” de Pinochet;
coronel (R) Sergio Arredondo, jefe de estado mayor de Arellano durante el trayecto norte de la Caravana;
brigadier (R) Carlos López Tapia, jefe de estado mayor de Arellano en el tramo sur;
brigadier (R) Pedro Espinoza Bravo, que luego fue segundo mando de la DINA;
coronel (R) Marcelo Moren Brito, que fue después jefe de Villa Grimaldi;
brigadier (R) Juan Chiminelli, ayudante de Arellano en el operativo y después jefe de departamento en la DINA;
mayor (R) Armando Fernández Larios, luego agente DINA en atentados en el exterior;
brigadieres (R) Antonio Palomo, Emilio de la Mahotiere y Luis Polanco, pilotos y copilotos del helicóptero Puma utilizado;
Daniel Rojas, abogado civil, ex fiscal militar de Copiapó;
coronel (R) Gabriel del Río, fue comandante de la Escuela de Artillería de Linares;
general (R) Héctor Bravo (fallecido), fue comandante de la IV División de Ejército en Valdivia;
coronel (R) Pedro Lecaros, Escuela Artillería Linares;
coronel (R) Carlos Romero, fue fiscal militar en Escuela de Artillería de Linares; general (R) Adrián Ortiz Guttmann, fue comandante de batallón en Regimiento Esmeralda de Antofagasta y jefe de inteligencia en la VI División de Ejército en Iquique;
general (R) Odlanier Mena, fue comandante del Regimiento Rancagua de Arica y luego director de la CNI;
suboficiales (R) Luis Carrera y René Bravo, del Regimiento Rancagua de Arica;
coronel (R) Mario Cazenave Pontanilla;
y suboficial (R) Julio Barros, ambos de la Escuela de Artillería de Linares.