Primera querella por torturas apunta a Pinochet y Sergio Fernández

De La Tercera : 04-12-2004
Ana María Sanhueza

Apenas cinco días después de que el Presidente Ricardo Lagos oficializara el informe de la comisión Valech, un grupo transversal de abogados del PS, PPD y PC presentó ayer la primera querella por torturas y asociación ilícita, delitos que imputan en su libelo a Augusto Pinochet, a su ex ministro del Interior, el senador UDI Sergio Fernández, y a todos quienes resulten responsables de las órdenes e informaciones que se dieron al respecto durante el régimen militar.

Los abogados Alfredo Morgado (PPD), Roberto Avila (PS) y los PC Julia Urquieta y Hugo Gutiérrez solicitaron, además, a la Corte de Apelaciones nombrar un ministro de fuero, pues ambos querellados tienen inmunidad: Pinochet como ex Presidente y Fernández como parlamentario. "Los firmantes somos todos ciudadanos que durante el período de septiembre de 1973 y marzo de 1990 fuimos objeto de detención y tortura, recibimos tratos inhumanos y degradantes por razones estrictamente políticas, sufriendo, en consecuencia, secuelas físicas, sicológicas y sociales", afirman los querellantes en el texto.

El libelo persigue no sólo a los autores materiales de los tormentos a prisioneros, sino también a quienes -según los querellantes- dieron las órdenes y enviaron información a los tribunales sobre el paradero, situación o estado de los detenidos. "Cuando se detenía, cuando estas personas eran llevadas a centros de detención, no se informaba. No se informaba a los familiares y, cuando se recurría a los tribunales, tampoco se refería información. Pareciera que existieron oficios, circulares, instrucciones precisas de las autoridades públicas en que instruían a los organismos de seguridad a no dar información a los tribunales de justicia", dijo Morgado.

Tras conocer el libelo, Fernández lo calificó como una "maniobra política": "Ante la presentación de una querella en mi contra por parte de abogados del Partido Comunista y otros, respecto de los hechos que se relacionan con el informe de la comisión Valech, quiero señalar que no formularé declaración alguna, porque estamos en presencia de una mera maniobra política e instrumentalización de dicho documento", dijo a través de una declaración pública. Y agregó que estará "absolutamente disponible" para colaborar con los tribunales.

El 20 de noviembre último, el senador Fernández subrayó, a través de una carta a La Tercera, su "rechazo total, ayer como hoy, a toda forma de apremio ilegítimo o tortura", razón por la cual, agregó, durante su gestión ministerial "se impartieron instrucciones que prohibían expresa y absolutamente tales prácticas". Asimismo, afirmó que "en mis funciones hice todo cuanto estaba a mi alcance para que tales hechos no ocurrieran. Eso no siempre se pudo lograr, pero jamás correspondió a una voluntad o a una decisión del ministerio a mi cargo".

Derecho internacional

La querella -que representa a 21 torturados- se basa íntegramente en los hechos relatados en el Informe sobre Prisión Política y Tortura. Además, su presentación se produce tras el reconocimiento del Presidente Ricardo Lagos respecto de que la tortura fue una práctica de Estado; el gesto histórico del jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, quien asumió la responsabilidad institucional por las violaciones a los DD.HH., y el fallo de la Corte Suprema en que por primera vez se aplicaron los tratados internacionales en el caso de un detenido desaparecido, en el secuestro calificado del mirista Miguel Angel Sandoval. La querella contra Fernández y Pinochet apunta también a tratados internacionales, pues la tortura es considerada por el derecho internacional como crimen de lesa humanidad.

Responsabilidad civil

Ayer, una encuesta de la Fundación Futuro arrojó que un 76% de los chilenos cree que los civiles que tuvieron cargos de responsabilidad en el régimen militar sabían de los casos de tortura sistemática contenida en el informe Valech, mientras sólo 16% opina lo contrario.

En tanto, tres ex miembros del grupo de ultraderecha Patria y Libertad -Roberto Thieme, José Agustín Vásquez y Arturo Hoffmann- dieron a conocer un documento en el que asumen la responsabilidad "por no haber sido capaces de guiar a nuestros camaradas en los principios éticos de una lucha política y armada".