En una histórica resolución, el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia procesó hoy al ex gobernante de facto, Augusto Pinochet Ugarte, como autor de nueve secuestros permanentes y un homicidio calificado perpetrados en el marco de la Operación Cóndor.

El fallo, de 70 páginas, se divide en dos partes. En la primera de ellas, el magistrado declara que, a la luz de los exámenes médicos efectuados, el ex dictador está en condiciones físicas y mentales de enfrentar un juicio.

En la segunda, detalla los crímenes perpetrados al alero de la siniestra organización de las policías secretas de las dictaduras latinoamericanos.

Fue el mismo Guzmán quien, en el Palacio de Tribunales, informó a la prensa de esta resolución, que adoptó luego de dos meses de analizar el voluminoso expediente.

El magistrado indicó que "se declaró apto mentalmente al general Pinochet para estar sujeto a un juicio criminal en Chile con todas sus etapas, declaraciones indagatorias, careos etcétera, y esta resolución tiene una segunda parte: se le somete a proceso como autor de nueve secuestros permanentes y un homicidio calificado". Respecto de esta última precisó que se trata de "una víctima nueva que no aparece todavía en los autos de procesamientos anteriores".

En la misma resolución, el magistrado dictaminó que "queda el general Pinochet con arresto domiciliario", tal como lo hiciera en el pasado cuando lo procesó por los crímenes de la Caravana de la Muerte, causa de la que se le eximió de responsabilidades al ser considerado "loco o demente", fundándose en exámenes mádicos que argüían una demencia subcortical leve.

Defensa: es ilegal

Apenas se conoció el procesamiento, la defensa del general (r) Augusto Pinochet anució que esta misma tare interpondrá un recurso de amparo por considerar que la decisión del ministro Juan Guzmán es "ilegal".

El abogado jefe de la defensa del ex gobernante Pablo Rodríguez, aseveró que "esto no es más que un nuevo episodio, un nuevo capítulo de la persecución política más implacable que ha existido en este país en contra de una persona como ha ocurrido con el general Pinochet", aseveró .

Asimismo, recordó que "para que la opinión pública comprenda lo que estoy diciendo, quiero destacar el hecho de que la Corte Suprema sobreseyó definitivamente la general Pinochet, porque no podría ser un sujeto pasivo de un proceso penal en relación a una demencia subcortical leve".

Rodríguez señaló que "este es un abuso ante los derechos humanos más elementales de una persona que es procesado sin tener ninguna posibilidad de defenderse personalmente en un juicio como corresponde a cualquier chileno, y en nombre de los derechos humanos se cometen estas aberraciones", afirmó Rodríguez.

Pero Guzmán está tranquilo. Anticipándose a este cuestionamiento, precisó hoy que “hay muchos fundamentos" para respaldar que el ex dictador está en condiciones para enfrentar un juicio, y dijo que "están todos contenidos en el fallo (...), su coherencia, la comprensión de las preguntas las respuestas atinadas”.

Consultado acerca de si la polémica entrevista que el general (r) dio a un canal de Miami influyó en el procesamiento respondió que “fue uno de los elementos que se tomaron en consideración para tomar la decisión”.

El procesamiento de Pinochet se produce cuando Pinochet fue desaforado también por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa en el barrio argentino de Palermo.

En paralelo, el ministro Sergio Muñoz acorta a cada minuto los pasos para llegar a definir si hubo ilícito en el manejo de sus recursos, en el caso surgido por el hallazgo de las cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos, causa en que Pinochet ya declaró, por lo que –al menos en el papel- el magistrado tiene el camino despejado para encargarlo reo.

A esto se suma la petición venida desde España de embargar sus bienes y además de interrogarlo solicitada por el juez Baltasar Garzón.

Circulan por el ambiente sendas demandas por víctimas de violaciones a los derechos humanos que en manos del ministro Raúl Rocha avanzan silenciosamente, y a causa de ellas incluso se había citado al militar, aunque en definitiva la diligencia se cambio y se remitió sólo a pedir copia de sus exámenes mentales.

Como si esto fuera poco, los diputados del PPD Guillermo Ceroni y Laura Soto ya interpusieron en contra de Pinochet y otras autoridades de su régimen, la primera querella por los casos de tortura que dejó al descubierto en el informe Valech.

Las garras del Cóndor

El 27 de agosto de este año, la Corte Suprema había confirmado el desafuero de Pinochet por su responsabilidad en los crímenes de la Operación Cóndor, y desde entonces los exámenes médicos efectuados al ex dictador aparecían como su única opción para eludir la justicia.

Ello, pues tanto en el fallo con que Guzmán le quitó la inmunidad, como en la resolución de la Corte de Apelaciones que confirmó esa decisión, se estima que Pinochet tenía “conocimiento cabal” de la coordinación de los gobiernos del cono sur en la década del 70, conocida como Operación Cóndor.

Es más, el tribunal de alzada capitalino señaló entonces que “los antecedentes llevan a inferir que es imposible, de acuerdo con una noción básica de soberanía nacional, que en el país se haya efectuado una reunión con representantes de los organismos de seguridad de naciones latinoamericanas, en la que se adopta acuerdos de cooperación e intercambio de información, sin que quien en esos momentos comanda el Ejército y gobierna el país con el título de Presidente de la República, se haya enterado ni dado su aprobación” y que además “las siguientes informaciones no hacen sino acrecentar las sospechas del conocimiento cabal y directo que Pinochet tenía de cuanto, en lo que aquí interesa, se venía actuando”.

Se recordaba entonces que con la intención de reprimir a opositores a los regímenes “se crea un organismo no institucional que unía a las policías secretas de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú, con la finalidad de identificar a todos aquellos sujetos que eran de una u otra manera considerados peligrosos por las policías secretas de tales países. Es así como se reúnen en Santiago de Chile entre el 25 de noviembre y el 1º de diciembre de 1975 los directores de tales servicios o sus delegados, dando inicio a lo que se denomina “Operación Cóndor”, que en su primera fase tenía por objetivo el intercambio de información, lo que fue denominado como “almacén de datos” y que funcionaba en Santiago de Chile, por la que se pretendía un intercambio de información sobre organizaciones subversivas e identificación de extremistas y personas contrarias a los regímenes militares dentro y fuera de cada uno de los países”.