Pinochet negó tener responsabilidad en la desaparición de 19 chilenos en la Operación Cóndor. Dijo que él era presidente de la República y que no se preocupaba de cosas menores. El ex comandante del Ejército leyó lentamente y con cierta dificultad su declaración antes de estampar su firma.

Negando toda participación en la denominada Operación Cóndor, Augusto Pinochet alegó su completa nocencia especto de la desaparición de 19 chilenos al responder las preguntas que concretó hoy el ministro Juan Guzmán Tapia.

Esencialmente reclamó que él era presidnete de la República cuando se desarrollaron estos hechos y que desde la primera magistratura del país no tenía tiempo de preocuparse de asuntos menores.

El ex comandante en jefe del Ejército respondó las interrogantes que realizó el juez en su casa de La Dehesa, y firmó el documento luego de demorar la diligencia en la labor de leer la transcripción que se hizo de sus dichos.

Fue así como la diligencia demoró por espacio de una hora, sin embago el ministro no habría ocupado la totalidad de ese tiempo en interrogar a Pinochet, a quien habría hecho poco más de diez consultas sobre su participación y responsabilidad en la Operación Cóndor.

Fue la segunda vez que el magistrado tuvo al frente suyo al Augusto Pinochet Ugarte, a quien antes había tomado declaración por el caso Caravana de la Muerte, donde también se declaró inocente.

Esta vez la diligencia fue pospuesta en dos oportunidad debido a acciones legales presentadas por la defensa de Pinochet para demorar su ejecución. Sin embargo los últimos intentos por pedir exámenes médcos para ver si el general estaba en condiciones de responder las pregguntas deljuez no dieron el mismo resultado, y la tercera fun la vencida, teniendo ahora en sus manos el magisrado una declaación firmada del imputado.

El grueso de las preguntas -cerca de na docena- que el juez Guzmán realizó, se debieron concentrar en el grado de participación que tuvo el otrora gobernante de facto en la gestación de la red ilegal que coordinó a las policías secretas de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú.

Asimismo, el magistrado habría consultado al desaforado militar cuál era su relación con el director de la disuelta DINA Manuel Contreras, y el grado de conocimiento que tenía Pinochet de su accionar represivo.

Ambas líneas indagatorias se desprenden con claridad de las 56 páginas con que la Corte de Apelaciones de Santiago desaforó a Pinochet, despojándolo de los privilegios que le concede el estatuto de ex presidentes de la República y abriendo –con la posterior ratificación de la Corte Suprema- las puertas para un nuevo procesamiento.

Gestación del Plan Cóndor

Una de las claves de la diligencia de Guzmán fue, entonces, preguntarle a Pinochet por la reunión que realizaron en Santiago entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975 los directores de los organismos represivos de América Latina, entre los que se contaban los delegados de los ex dictadores de Argentina, Jorge Videla; de Bolivia, Hugo Banzer; y de Paraguay, Alfredo Stroessner.

En esa cita se convino intercambiar información sobre organizaciones subversivas, extremistas y opositores a los regímenes militares, coordinación que luego se amplió al seguimiento de los dirigentes, militantes o participantes que se habían refugiado en otros países y, finalmente, derivó en el secuestro y asesinato de las personas consideradas como enemigas, intercambiando detenidos y obteniendo información de ellos por medio de la tortura.

Guzmaán interrogó a Pinochet acerca de si esta cita se efectuó con su venia, si autorizó o tuvo conocimiento de las invitaciones cursadas por el director de la DINA a los otros jefes de inteligencia, si sabía que el objetivo de la cita era gestar la Operación Cóndor, y si fue informado del contenido del acta final, que contuvo los acuerdos que dieron vida a esta coordinación.

Pinochet una vez más de declaró inocente, señalando que desconocía estos temas siendo presidente de facto. El juez no hizo declaraciones a la salida de la diligencia que se desarrolló en medio de una gran cobertura peródística, pero sin que se produjeran manifestaciones relevantes en las calles como ha ourrido otras veces.

A pesar de ello, se tomaron las mayores medidas de seguridad, acordonando el área de la casa de Pinochet con resguardo policial, debido a la importancia de la diligencia latamente esperada por Guzmán, quien debió insistir en tanto la defensa del general logró demorar en dos oportunidades las diligencias, antes que fueran rechazadas las demandas de exámenes de salud por parte de los abogados de Pinochet.

Las imputaciones de Contreras

Pinochet se habría hecho cargo entonces de la brecha que hoy lo separa del ex jefe de la DINA, pues por primera vez en la historia desde el golpe militar de 1973, Contreras lo culpó directamente en este caso de los crímenes de ese organismo, al afirmar que “la DINA tuvo la misión de extirpar y eliminar el extremismo marxista, cumpliendo al pie de la letra las órdenes que se me impartieron directamente por el Presidente de la República, de quien dependía”.

Es más, en el expediente que Guzmán sustancia por la Operación Cóndor el ‘Mamo’ declaró que “el Presidente sabía exactamente lo que hacía o no la Dirección de Inteligencia Nacional y su delegado y director ejecutivo, puesto que no me mandaba solo. Y cualquier misión a cumplir tendría que haber venido, como siempre vino, del Presidente de la República”.

Estas imputaciones del Mamo deberán ser contrastadas entonces con los dichos de Pinochet, a quien Guzmán le habría solicitado que aclare la relación de dependencia que Contreras tuvo con él, y si es efectivo que ambos desayunaban todos los días para que el jefe castrense conociera y resolviera sobre el accionar de la DINA.

El juez Guzmán habría consultado a Pinochet si supo que el intercambio de información que contemplaba la Operación Cóndor, apuntaba a la ubicación, detención y desaparición de opositores a los regímenes de facto que gobernaban América Latina.

Es más, el cuestionario del magistrado debe haber incluido preguntas acerca del conocimiento que tuvo Pinochet de las detenciones que practicó la DINA en el exterior, fundamentalmente en Argentina y Paraguay.

Un caso emblemático de este accionar represivo en el exterior es el del militante del MIR Jorge Fuentes Alarcón, quien fue detenido en 1975 por los servicios de inteligencia paraguayos cuando ingresaba a ese país proveniente de Argentina.

Fuentes Alarcón fue llevado a Asunción, hasta donde viajaron los agentes de la DINA Francisco Ferrer Lima, Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff Marchenko, quienes volvieron a Santiago con el prisionero, quien fue visto por última vez con vida en el centro de detención de Villa Grimaldi en 1976.

Y este es uno de los 19 casos que indaga el juez en esa causa, pues a este desaparecido se suma la indagación por los secuestros y posteriores desapariciones de Juan Hernández Zaspe, Luis Gonzalo Muñoz Velásquez, Manuel Tamayo Martínez, Edgardo Enríquez Espinoza, Alexei Vladimir Jaccard Siegler, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Julio del Tránsito Valladares Caroca, Víctor Oliva Troncoso, Jean Claudet Fernández, Luis Enrique Elgueta, Ricardo Ramírez Herrera, Héctor Velásquez, Ruiter Correa, Hernán Soto Gálvez, José Luis de la Maza Asquet, Cristina Magdalena Carreño Araya, José Alejandro Campos Cifuentes y Luis Quinchavil Suárez.