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Archivos secretos
Graves acusaciones sobre jefe del Ejército chileno

Pascale Bonnefoy
(Publicado originalmente en Noticias Aliadas, el 3 de junio de 2002)

La hermana de Boris Weisfeiler, el único estadounidense desaparecido durante la dictadura militar, ha invocado al nuevo comandante en jefe del Ejército chileno, general Juan Emilio Cheyre, y a la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, a cooperar en la investigación judicial, abriendo los archivos secretos de las Fuerzas Armadas y de la disuelta policía secreta.

Olga Weisfelier envió una carta en abril a Bachelet y Cheyre -quien asumió el cargo el 10 de marzo solicitándoles colaboración en la investigación judicial iniciada en junio del 2000 sobre la desaparición de su hermano Boris, un físico ruso-estadunidense, profesor de Pennsylvania State University (PSU), visto por última vez en enero de 1985 mientras acampaba en el sur de Chile, cerca del enclave alemán llamado Colonia Dignidad, ahora Villa Baviera.

En su misiva, Olga pide a Bachelet y a Cheyre cooperar en la investigación que lleva el juez Juan Guzmán, entregando los archivos del Ejército y de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que pudieran contener información sobre el caso.

Los más de 250 documentos sobre Weisfeiler desclasificados por el gobierno de EEUU en junio del 2000 demuestran que el académico de 43 años fue secuestrado por una patrulla militar y llevado a Colonia Dignidad, que sirvió de centro de detención y torturas durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-90) (NA, Mayo 21, 1998). Uno de los documentos relata que un informante asegura haber visto a Weisfeiler dentro de Colonia Dignidad viviendo en "condiciones de animal" dos años después de su desaparición.

"Los documentos desclasificados de EEUU dejan pocas dudas de que Boris Weisfeiler fue arrestado por una patrulla militar por el "crimen" de estar de excursión cerca de Colonia Dignidad; que fue abusado severamente, llevado al enclave y hecho desaparecer desde ahí. Tampoco dejan dudas de que los oficiales militares intentaron encubrir las verdaderas circunstancias de su caso, como continúan haciéndolo hasta hoy", afirmó Peter Kornbluh, del National Security Archive, organización no gubernamental con sede en Washington, dedicada a lograr la desclasificación y difusión de documentación secreta del gobierno estadounidense.

En esa época, el gobierno militar afirmó que Boris había muerto tratando de cruzar el río Ouble. Sin embargo, los documentos desclasificados, muchos de ellos de la Embajada de EEUU en Santiago, contienen evidencias de sucesos muy distintos.

"Yo nunca creí que Boris 'simplemente' se ahogó, y siempre supe que algo terrible le había pasado. Los documentos desclasificados describen esas cosas terribles: brutales interrogatorios, torturas en Colonia Dignidad, y su vida como prisionero bajo condiciones bestiales. No obstante, durante estos largos 17 años, nunca creí que Boris había muerto o había sido asesinado. Y aún hoy, todavía guardo la esperanza de que mi hermano pueda estar vivo en Colonia Dignidad", aseguró Olga Weisfeiler.

Aunque Bachelet pida la colaboración del Ejército, no se sabe cuánto podría efectivamente lograr con ello.

Meses atrás, cuando los tribunales solicitaron al Ejército entregar los expedientes de un Consejo de Guerra efectuado a un detenido desaparecido en 1973, el ex comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, simplemente dijo que no existían, porque habían sido destruidos en un incendio presuntamente provocado por un atentado de grupos izquierdistas.

Cheyre, por su parte, no tendría ningún interés en que se conozca el contenido de esos archivos dado su oscuro pasado. Aunque el gobierno se niega a abordar o responder a las acusaciones contra Cheyre, es sabida la participación de éste en violaciones a los derechos humanos en 1973, cuando era un joven oficial en La Serena, en el norte del país.

Como parte de sus antecedentes, Cheyre se negó a entregar en 1985 la lista de oficiales asignados a la CNI a un juez que investigaba el asesinato ese mismo año de Paulina Aguirre Tobar, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En 1988, siendo Intendente de la III Región -la máxima autoridad política regional- el entonces teniente coronel Cheyre es mencionado como encubridor de torturas infligidas por agentes de la CNI a una docena de militantes de izquierda, cuya detención fue negada por Cheyre.

También está imputado como "inculpado" en una querella criminal presentada en julio del 2001 por la muerte de dos niños de siete y ocho años, asesinados por el Ejército el 24 de diciembre de 1973 en el norteño puerto de Coquimbo, mientras jugaban cerca de un gasoducto custodiado por militares. El abogado querellante, Hugo Gutiérrez, ha pedido al juez Guzmán que tome declaración al entonces comandante del regimiento, Ariosto Lapostol, y su oficial ayudante, el entonces teniente Cheyre.

Como ayudante de Lapostol en La Serena, Cheyre también participó en la muerte de 15 prisioneros, que fueron sacados de la cárcel local por la comitiva que llegó desde Santiago comandado por el general Sergio Arellano Stark en octubre de 1973, conocida como la Caravana de la Muerte (NA, Dic. 11, 2000). Los 15 detenidos fueron llevados al regimiento y fusilados por los miembros de la comitiva. Los oficiales del regimiento, entre ellos Cheyre, les dispararon el tiro de gracia.

Uno de los testimonios más desgarradores de la actuación de Cheyre apareció en el periódico El Siglo. En él, Eliana Rodríguez Dubó lo acusa de encabezar el piquete de soldados que en octubre de 1973 la detuvo, allanó su casa, la golpeó, la tomó prisionera, y después, en el Regimiento Arica de La Serena, la torturó y violó por más de un mes.

"Fui violada para que confesara mi militancia política y los nombres de la dirección del Partido Comunista en la región. Me aplicaron electricidad en los senos, debajo de las uñas de pies y manos, en la vagina... El teniente Cheyre dio orden para que se me fusilara 'en vista que no delataba a nadie'. El falso fusilamiento se efectuó. Cheyre dijo 'saquen a esta maraca afuera y mátenla', relató Rodríguez en El Siglo.

Aunque al asumir el cargo Cheyre comprometió públicamente el apoyo de su institución para resolver los casos de derechos humanos, a principios de abril su tono cambió. En una visita a regimientos al sur de Chile, Cheyre reclamó que "quienes están siendo demandados frecuentemente se sienten víctimas de un proceso traumático", y que esos "continuos requerimientos [judiciales] exigen una carga de trabajo muy grande".

En mayo, la ministra Bachelet respondió a Olga Weisfeiler, expresando su solidaridad e intención de colaborar con el Poder Judicial. Sin embargo, lo más probable es que Olga espere inútilmente una respuesta de Cheyre.

Este artículo de Pascale Bonnefoy fue reproducido por Rebelión el 6 de junio 2002
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(Dr. Róbinson Rojas, 1ro. de mayo, 2003)
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