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Atentados a la
libertad de expresión en Chile: Querellas criminales por amenazas a periodistas
por Ernesto Carmona*
El Colegio de Periodistas de Chile introdujo ayer (7 de octubre) dos denuncias en la
justicia del crimen por las amenazas de muerte contra los periodistas Mónica Guerra, de
El Mercurio, y Francisco Martorell, director de la revista El Periodista, informó el
abogado Juan Aguad. Las causas competen al 32° ,Las Condes, y 11° Juzgados del Crimen,
Ñuñoa, de acuerdo a la jurisdicción de los domicilios en que se recibieron los mails
conteniendo las amenazas el 1° de septiembre, indicó el jurista.
Martorell introdujo otra denuncia, el 29 de septiembre, en el 11° Juzgado por el robo de
cuatro computadores perpetrado durante la noche del 28 de septiembre en las oficinas de la
revista. Las magistrados, Blanca del Carmen Rojas Arancibia, del 32°, y Doris Adriana
Ocampo Méndez, del 11°, cursarán las órdenes de investigación y citarán a declarar a
partir del martes 12 de octubre, debido a que el lunes 11 es feriado, informó Aguad.
La SIP condenó atentados a la libertad de expresión
La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) reaccionó en solidaridad con los
periodistas amenazados de muerte en Chile, Mónica Guerra y Francisco Martorell, y contra
situaciones similares en Colombia y Honduras, según un cable fechado el 5 de octubre en
Miami por la agencia alemana DPA.
La organización, que expresó su "profunda preocupación" por las amenazas y la
violencia contra periodistas y medios de Chile, Colombia y Honduras, abordará el asunto
en su asamblea general a realizarse en Guatemala del 22 al 24 de octubre.
La SIP "se mantendrá vigilante ante los incidentes registrados en esos países
porque afectan el libre ejercicio del periodismo, promueven la autocensura y limitan la
libertad de información", dijo Rafael Molina, presidente de la Comisión de Libertad
de Prensa e Información.
La SIP indicó que en Chile la revista El Periodista fue asaltada el 28 de septiembre por
personas que se llevaron computadoras que contenían información contable y financiera.
Su director había sido amenazado por un reportaje sobre corrupción municipal y se
vincula el robo a esas amenazas.
La revista colombiana Semana denunció hace unos días que sus periodistas recibieron
amenazas y sus teléfonos fueron intervenidos tras la publicación de pormenores de las
conversaciones que sostienen desde hace dos años jefes de los grupos paramilitares con el
presidente de Colombia, Alvaro Uribe.
En Honduras fue baleado el diario La Tribuna el 1 de octubre por individuos no
identificados. El diario publicó recientemente artículos sobre el crimen organizado en
la principal cárcel del país y la supuesta complicidad de las autoridades
penitenciarias.
Preocupación en El Mercurio
El Mercurio se sumó a la preocupación por las amenazas contra la libertad de expresión
en Chile desde que su director, Juan Pablo Illanes, tuvo conocimiento de los hechos a su
regreso al país el 4 de octubre. Las víctimas de las amenazas decidieron al comienzo
mantenerlas en un bajo perfil, para no verse involucrados en la campaña por las próximas
elecciones municipales del 31 de octubre porque sus autores desconocidos invocaron al
ayuntamiento de Quilicura, una comuna de Santiago, cuya alcaldesa, Carmen Romo, aspira a
la reelección por cuarta vez.
Illanes se comunicó con Martorell para recabar mayor información sobre el robo de las
cuatro computadoras de su revista. El diario publicó el 7 de octubre su primera
información sobre las amenazas de muerte, conocidas el 1° de septiembre, que también
afectan a su periodista Mónica Guerra. El matutino se hizo eco de la exigencia de
"una investigación profunda de los hechos" reclamada por la SIP, organización
que agrupa a los grandes diarios de América Latina y el Caribe.
El Mercurio destacó, asimismo, que "ambos acontecimientos, lesivos para la libertad
de expresión, provocaron la inmediata solidaridad de la Sociedad Interamericana de la
Prensa (SIP), de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELPA), de la Unión de
Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), del Colegio de Periodistas de Chile y de
la Comisión de Investigación de Atentados a Periodistas (Ciap)".
Reclamos al gobierno de Chile
"Egalité et Justice", una asociación de derechos humanos de Francia, más otra
de Alemania, y numerosas organizaciones de periodistas de todo el planeta, además de
periodistas individuales de Argentina, Paraguay y Brasil han expresado su preocupación y
solidaridad en llamadas telefónicas a El Periodista y al Colegio de Periodistas.
La FELAP, la SIP y Reporteros sin Frontera reclamaron al gobierno de Chile que investigue
con diligencia las amenazas de muerte y su posible vinculación con el robo de las
computadoras. Martorell solicitó también una reunión con el ministro del Interior,
José Miguel Insulza, pero sólo fue recibido el 6 de octubre por su jefe de gabinete,
Pablo Gutiérrez Vásquez, en compañía de Ernesto Carmona, secretario ejecutivo de la
CIAP y consejero nacional del Colegio de Periodista. El alto funcionario ofreció
intensificar las investigaciones policiales "dentro de 48 horas", plazo que ya
se cumplió sin que todavía se conozca ningún resultado.
Igualmente, los dos periodistas amenazados, Guerra y Martorell, más Carmona y Ethel
Pliscoff, presidenta del Consejo Metropolitano (Santiago) del Colegio fueron recibidos el
22 de septiembre "seis días antes del robo de las computadoras" por el Prefecto
Eduardo Naranjo, encargado de relaciones públicas y de comunicaciones de la Policía de
Investigaciones (PICH), quien prometió diligencias cuyos resultados aún se desconocen.
La Brigada Cyber Crimen, de la PICH, debería ratificar, o no, si las amenazas surgieron
efectivamente desde una cuenta Internet de la empresa Ducasse, con oficinas en Alameda
1460, Piso 8, también sede del partido Demócrata Cristiano, tal como lo estableció una
investigación privada solicitada por los periodistas a una empresa de ingeniería
informática.
El 23 de septiembre, Carmen Romo envió al abogado Gabriel Silver Romo, que también es su
hijo, a explicarles a Pliscoff y a Carmona que su madre, la alcaldesa de Quilicura,
repudiaba las amenazas de muerte, postura que ella ratificó el 2 de octubre por radio la
Bío Bío. Esta situación amenazante para la libertad de expresión
"extrañamente" ha sido ignorada por los demás medios de comunicación
chilenos, entre otros, el diario del gobierno La Nación, los matutinos La Tercera y La
Cuarta "que pertenecen a Alvaro Saieh", y casi todas las radioemisoras y canales
de televisión.
"Reporteros sin Frontera" exige investigación
La organización "Reporteros sin Frontera" de Francia expresó su preocupación
por las amenazas contra los periodistas Mónica Guerra y Francisco Martorell, a la vez que
exigió al Ministerio del Interior una investigación eficaz del posible vínculo entre el
robo de los computadores de la revista, perpetrado el 28 de septiembre, y las amenazas
enviadas por mail el 1 del mismo mes. Texto completo del comunicado:
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=11505
Felap: Alarma por robos y amenazas en Chile
La Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), que oportunamente condenó las
amenazas de muerte en septiembre, el 4 de octubre se pronunció de nuevo con un
llamamiento que expresó "su repudio ante el robo perpetrado contra el quincenario El
Periodista, cuya sede fuera violentada el pasado día 28 por extraños que se alzaron con
equipos de computación e información".
Carlos Camaño, presidente de la organización, destacó que "este hecho viene a
sumarse a las amenazas de muerte que a comienzos de septiembre recibió el director de
dicha publicación -Francisco Martorell- y la periodista Mónica Guerra del diario El
Mercurio".
"En tal sentido, la FELAP, junto con la solidaridad hacia el conjunto de los
trabajadores de El Periodista" hace en nombre de todas sus organizaciones asociadas
un llamamiento a las más altas autoridades al frente de los poderes del Estado chileno
para que investiguen y castiguen a los autores materiales e intelectuales de estos
hechos", dijo Camaño. "Alertando que, de quedar impunes, pondrían en serio
riesgo la vida y condiciones de trabajo para el ejercicio de la profesión periodística,
así como el derecho a la comunicación del conjunto de la sociedad", señaló el
dirigente continental de los periodistas.
Solidaridad de la UTPBA
La nueva directiva de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) también
envió el 5 de octubre "su solidaridad al colectivo del quincenario El Periodista,
ante este nuevo hecho de violencia contra los trabajadores de prensa chilenos".
"La UTPBA, en línea con la advertencia hecha por nuestra organización regional
-FELAP-, suma su repudio a esta seguidilla de amenazas contra periodistas y medios, como
las registradas el mes último contra los periodistas Mónica Guerra y Francisco
Martorell. Asimismo, adherimos a las acciones de denuncia hechas por la Comisión de
Investigación de Atentados a Periodistas (CIAP) y el Colegio de Periodistas de Chile para
exigir la debida investigación y castigo para quienes pretenden limitar las, de por sí
difíciles, condiciones para el ejercicio profesional del periodismo", señaló un
comunicado suscrito por Lidia Fagale, Secretaria General Adjunta; Daniel das Neves,
Secretario General; Héctor Sosa, Secretario de Prensa, Ana María Careaga, Secretaria de
DD.HH. y Claudia Quiñones, Secretaria de Cultura
Solidaridad en Francia
La Asociación chilena "Egalité et Justice" de Francia manifestó su
preocupación ante las agresiones contra la revista El Periodista y su director, Francisco
Martorell.
"La intromisión ilegal de desconocidos en los locales de la revista y el robo de
material informático revela la voluntad de atentar contra la libertad de prensa, y la
existencia de este medio de información independiente", señaló un comunicado
emitido en París. "Este hecho nos recuerda métodos de triste memoria del no tan
lejano pasado dictatorial de Chile", agregó.
"La autoridad pública, la policía y la justicia tienen el deber de investigar estos
graves hechos y de establecer toda la verdad y de aplicar el justo castigo a los
responsables", reclamó "Egalité et Justice". "Al mismo tiempo,
dichas autoridades tienen el deber constitucional de garantizar la libertad de prensa y la
libertad de expresión".
La organización defensora de los Derechos del Hombre y de las reivindicaciones de los
exonerados políticos, manifestó "su solidaridad con la revista El Periodista y su
apoyo a la defensa de la libertad de prensa en Chile". Los periodistas chilenos
esperan que el gobierno de su país por lo menos reaccione ante el anuncio de la SIP de
poner en tabla las amenazas a la libertad de expresión en Chile en su asamblea general a
efectuarse del 22 al 24 de octubre en Guatemala. *) Ernesto Carmona es Secretario
Ejecutivo de la CIAP y consejero nacional del Colegio de Periodistas de Chile.
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