La "vía chilena al socialismo" definida en este Primer Mensaje Presidencial al Congreso Pleno de Chile, leído por el Presidente Salvador Allende el 21 de mayo de 1971.

Conciudadanos del Congreso:

Al comparecer ante ustedes para cumplir con el mandato constitucional, atribuyo a este Mensaje una doble trascendencia: es el primero de un Gobierno que acaba de asumir la dirección del país, y se entrega ante exigencias únicas en nuestra historia política.

Por ello quiero concederle un contenido especial, concorde con su significado presente y su alcance para el futuro.

Durante 27 años concurrí a este recinto, casi siempre como Parlamentario de oposición.

Hoy lo hago como Jefe de Estado, por la voluntad del pueblo ratificada por el Congreso.

Tengo muy presente que aquí se debatieron y se fijaron las leyes que ordenaban la estructura agraria latifundista, pero aquí también fueron derogadas instituciones obsoletas para sentar las bases legales de la reforma agraria que estamos llevando a cabo. Las normas institucionales en que se basa la explotación extranjera de los recursos naturales de Chile fueron aquí establecidas. Pero este mismo Parlamento las revisa, ahora, para devolver a los chilenos lo que por derecho les pertenece.

El Congreso elabora la institucionalidad legal, y así regula el orden social dentro del cual se arraiga; por eso durante más de un siglo ha sido más sensible a los intereses de los poderosos que al sufrimiento del pueblo.

En el comienzo de esta legislatura debo plantear este problema: Chile tiene ahora en el Gobierno una nueva fuerza política cuya función social es dar respaldo no a la clase dominante tradicional, sino a las grandes mayorías. A este cambio en la estructura de poder debe corresponder, necesariamente, una profunda transformación en el orden socioeconómico que el Parlamento está llamado a i nstitucional izar.

A lo avanzado en la liberación de las energías chilenas para reedificar la nación, tendrán que seguir pasos más decisivos. A la Reforma Agraria en marcha, a la nacionalización del cobre que sólo espera la aprobación del Congreso Pleno, cumple agregar, ahora, nuevas reformas. Sea por iniciativa del Parlamento, sea por propuesta del Ejecutivo, sea por iniciativa conjunta de los dos poderes, sea con apelación legal al fundamento de todo poder, que es la soberanía popular expresada en consulta plebiscitaria.

Se nos plantea el desafío de ponerlo todo en tela de juicio. Tenemos urgencia de preguntar a cada ley, a cada institución existente y hasta a cada persona, si está sirviendo o no a nuestro desarrollo integral y autónomo.

Estoy seguro de que pocas veces en la historia se presentó al Parlamento de cualquier nación un reto de esta magnitud.

La superación del capitalismo en Chile

Las circunstancias de Rusia en el año 1917 y de Chile en el presente son muy distintas. Sin embargo, el desafío histórico es semejante.

La Rusia del año 17 tomó las decisiones que más afectaron a la historia contemporánea. Allí se llegó a pensar que la Europa atrasada podría encontrarse delante de la Europa avanzada, que la primera revolución socialista no se daría, necesariamente, en las entrañas de las potencias industriales. Allí se aceptó el reto y se edificó una de las formas de construcción de la sociedad socialista que es la dictadura del proletariado.

Hoy nadie duda que, por esta vía, naciones con gran masa de población pueden, en períodos relativamente breves, romper con el atraso y ponerse a la altura de la civilización de nuestro tiempo. Los ejemplos de la URSS y de la República Popular China son elocuentes por sí mismos.

Como Rusia, entonces, Chile se encuentra ante la necesidad de iniciar una manera nueva de construir la sociedad socialista: la vía revolucionaria nuestra, la vía pluralista, anticipada por los clásicos del marxismo, pero jamás antes concretada. Los pensadores sociales han supuesto que los primeros en recorrerla serían naciones más desarrolladas, probablemente Italia y Francia, con sus poderosos partidos obreros de definición marxista.

Sin embargo, una vez más, la historia permite romper con el pasado y construir un nuevo modelo de sociedad, no sólo donde teóricamente era más previsible, sino donde se crearon condiciones concretas más favorables para su logro. Chile es hoy la primera nación de la Tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista.

Este desafío despierta vivo interés más allá de las fronteras patrias. Todos saben, o intuyen, que aquí y ahora, la historia empieza a dar un nuevo giro, en la medida que estemos los chilenos conscientes de la empresa. Algunos entre nosotros, los menos quizás, sólo ven las enormes dificultades de la tarea. Otros, los más, buscamos la posibilidad de enfrentarla con éxito. Por mi parte, estoy seguro que tendremos la energía y la capacidad necesarias para llevar adelante nuestro esfuerzo, modelando la primera sociedad socialista edificada según un modelo democrático, pluralista y libertario.

Los escépticos y los catastrofistas dirán que no es posible. Dirán que un Parlamento que tan bien sirvió a las clases dominantes es incapaz de transfigurarse para llegar a ser el Parlamento del pueblo chileno.

Aún más, enfáticamente han dicho que las Fuerzas Armadas y Carabineros, hasta ahora sostén del orden institucional que superaremos, no aceptarían garantizar la voluntad popular decidida a edificar el socialismo en nuestro país. Olvidan la conciencia patriótica de nuestras Fuerzas Armadas y de Carabineros, su tradición profesional y su sometimiento al poder civil. Para decirlo en los propios términos del general Schneider, en la Fuerzas Armadas, como «parte integrante y representativa de la Nación y como estructura del Estado, lo permanente y lo temporal organizan y contrapesan los cambios periódicos que rigen su vida política dentro de un régimen legal».

Por mi parte declaro, señores miembros del Congreso Nacional, que fundándose esta institución en el voto popular, nada en su naturaleza misma le impide renovarse para convertirse de hecho en el Parlamento del pueblo. Y afirmo que las Fuerzas Armadas chilenas y el Cuerpo de Carabineros, guardando fidelidad a su deber y a su tradición de no interferir en el proceso político, serán el respaldo de una ordenación social que corresponda a la voluntad popular expresada en los términos que la Constitución establezca. Una ordenación más justa, más humana y más generosa para todos, pero esencialmente para los trabajadores que hasta hoy dieron tanto sin recibir casi nada.

Las dificultades que enfrentamos no se sitúan en ese campo. Residen realmente en la extraordinaria complejidad de las tareas que nos esperan: institucionalizar la vía política hacia el socialismo, y lograrlo a partir de nuestra realidad presente, de sociedad agobiada por el atraso y la pobreza propios de la dependencia y del subdesarrollo; romper con los factores causantes del retardo y al mismo tiempo edificar una nueva estructura socioeconómica capaz de proveer a la prosperidad colectiva.

Las causas del atraso estuvieron -y están todavía- en el maridaje de las clases dominantes tradicionales con la subordinación externa y con la explotación clasista interna. Ellas lucraban con la asociación a intereses extranjeros, y con la apropiación

de los excedentes producidos por los trabajadores, no dejando a éstos sino un mínimo indispensable para reponer su capacidad laboral.

Nuestra primera tarea es deshacer esta estructura constructiva que sólo genera un crecimiento deformado. Pero simultáneamente es preciso edificar la nueva economía, de modo que suceda a la otra sin solución de continuidad, edificarla conservando al máximo la capacidad productiva y técnica que conseguimos pese a las vicisitudes del subdesarrollo, edificarla sin crisis artificiales elaboradas por los que verán proscritos sus arcaicos privilegios.

Más allá de estas cuestiones básicas se plantea una que desafía a nuestro tiempo como su interrogante esencial: ¿Cómo devolver al hombre, sobre todo al joven, un sentido de misión que le infunda una nueva alegría de vivir y que confiera dignidad a su existencia? No hay otro camino sino apasionarse en el esfuerzo generoso de realizar grandes tareas impersonales, como autosuperación de la propia condición humana, hasta hoy envilecida por la división entre privilegiados y desposeídos.

Nadie puede hoy imaginar soluciones para los tiempos lejanos del futuro, cuando todos los pueblos habrán alcanzado la abundancia y la satisfacción de sus necesidades materiales y heredado, al mismo tiempo, el patrimonio cultural de la humanidad. Pero aquí y ahora, en Chile y en América Latina, tenemos la posibilidad y el deber de desencadenar las energías creadoras, particularmente de la juventud, para misiones que nos conmuevan más que cualquier otra empresa del pasado.

Tal es la esperanza de construir un mundo que supere la división entre ricos y pobres. Y en nuestro caso, edificar una sociedad en la que se proscriba la guerra de unos contra otros en la competencia económica; en la que no tenga sentido la lucha por privilegios profesionales; ni la indiferencia hacia el destino ajeno que convierte a los poderosos en extorsión de los débiles.

Pocas veces los hombres necesitaron tanto como ahora de fe en sí mismos y en su capacidad de rehacer el mundo, de renovar la vida.

Es éste un tiempo inverosímil, que provee los medios materiales para realizar las utopías más generosas del pasado. Sólo nos impide lograrlo el peso de una herencia de codicias, de medios y tradiciones institucionales obsoletas. Entre nuestra época y la del hombre liberado en escala planetaria, lo que media es superar esta herencia. Sólo así se podrá convocar a los hombres a reedificarse no como reductos de un pasado de esclavitud y explotación, sino como realización consciente de sus más nobles potencialidades. Éste es el ideal socialista.

Un observador ingenuo, ubicado en algún país desarrollado poseedor de esos medios materiales, podría suponer que esta reflexión es un nuevo estilo de los pueblos atrasados para pedir ayuda, una invocación más de los pobres a la caridad de los ricos. No se trata de esto, sino de lo contrario. La ordenación interna de todas las sociedades bajo hegemonía de los desposeídos, la modificación de las relaciones de intercambio internacional exigidas por los pueblos expoliados, tendrán como consecuencia no sólo liquidar la miseria y el atraso de los pobres, sino liberar a los países poderosos de su condena al despotismo. Así como la emancipación del esclavo libera al amo, así la construcción socialista con que se enfrentan los pueblos

de nuestro tiempo tiene sentido tanto para las naciones desheredadas como para las privilegiadas, ya que unas y otras arrojarán las cadenas que degradan su sociedad.

Señores miembros del Congreso Nacional:

Aquí estoy para incitarles a la hazaña de reconstituir la nación chilena tal como la soñamos. Un Chile en que todos los niños empiecen su vida en igualdad de condiciones, por la atención médica que reciben, por la educación que se les suministra, por lo que comen. Un Chile en que la capacidad creadora de cada hombre y de cada mujer encuentre cómo florecer, no en contra de los demás, sino en favor de una vida mejor para todos.

Nuestro camino hacia el socialismo

Cumplir estas aspiraciones supone un largo camino y enormes esfuerzos de todos los chilenos. Supone, además, como requisito previo fundamental, que podamos establecer los cauces institucionales de la nueva forma de ordenación socialista en pluralismo y libertad. La tarea es de complejidad extraordinaria porque no hay precedente en que podamos inspiramos. Pisamos un camino nuevo; marchamos sin guía por un terreno desconocido; apenas teniendo como brújula nuestra fidelidad al humanismo de todas las épocas -particularmente al humanismo marxista- y teniendo como norte el proyecto de la sociedad que deseamos, inspirada en los anhelos más hondamente enraizados en el pueblo chileno.

Científica y tecnológicamente hace tiempo que es posible crear sistemas productivos para asegurar, a todos, los bienes fundamentales que hoy sólo disfrutan las minorías. Las dificultades no están en la técnica y, en nuestro caso, por lo menos, tampoco residen en la carencia de recursos naturales o humanos. Lo que impide realizar los ideales es el modo de ordenación de la sociedad, es la naturaleza de los intereses que la rigieron hasta ahora, son los obstáculos con que se enfrentan las naciones dependientes. Sobre aquellas situaciones estructurales y sobre estas compulsiones institucionales debemos concentrar nuestra atención.

En términos más directos, nuestra tarea es definir y poner en práctica como la vía chilena al socialismo, un modelo nuevo de Estado, de economía y de sociedad, centrado en el hombre, sus necesidades y sus aspiraciones. Para eso es preciso el coraje de los que osaron repensar el mundo como un proyecto al servicio del hombre. No existen experiencias anteriores que podamos usar como modelo, tenemos que desarrollar la teoría y la práctica de nuevas formas de organización social, política y económica, tanto para la ruptura con el subdesarrollo como para la creación socialista.

Sólo podremos cumplirlo a condición de no desbordar ni alejamos de nuestra tarea. Si olvidáramos que nuestra misión es establecer un proyecto social para el hombre, toda la lucha de nuestro pueblo por el socialismo se convertiría en un intento reformista más. Si olvidásemos las condiciones concretas de que partimos, pretendiendo crear aquí y ahora algo que exceda nuestras posibilidades, también fracasaríamos.

Caminamos hacia el socialismo no por amor académico a un cuerpo doctrinario. Nos impulsa la energía de nuestro pueblo que sabe el imperativo ineludible de vencer el atraso y siente al régimen socialista como el único que se ofrece a las naciones modernas para reconstruirse racionalmente en libertad, autonomía y dignidad. Vamos al socialismo por el rechazo voluntario, a través del voto popular, del sistema capitalista y dependiente cuyo saldo es una sociedad crudamente desigualitaria, estratificada en clases antagónicas, deformada por la injusticia social y degradada por el deterioro de las bases mismas de la solidaridad humana.

En nombre de la reconstrucción socialista de la sociedad chilena ganamos las elecciones presidenciales y confirmamos nuestra victoria en la elección de regidores.

Ésta es nuestra bandera, en torno a la cual movilizaremos políticamente al pueblo como el actor de nuestro proyecto y como legitimador de nuestra acción. Nuestros planes de gobierno son el Programa de la Unidad Popular con que concurrimos a las elecciones. Y nuestras obras no sacrificarán la atención de las necesidades de los chilenos de ahora en provecho de empresas ciclópeas. Nuestro objetivo no es otro que la edificación progresiva de una nueva estructura de poder fundada en las mayorías, y centrada en satisfacer en el menor plazo posible los apremios más urgentes de las generaciones actuales.

Atender a las reivindicaciones populares es la única forma de contribuir de hecho a la solución de los grandes problemas humanos; porque ningún valor universal merece ese nombre si no es reductible a lo nacional, a lo regional y hasta a las condiciones locales de existencia de cada familia.

Nuestro ideario podría parecer demasiado sencillo para los que prefieren las grandes promesas. Pero el pueblo necesita abrigar sus familias en casas decentes, con un mínimo de facilidades higiénicas, educar a sus hijos en escuelas que no hayan sido hechas sólo para pobres, comer lo suficiente en cada día del año, el pueblo necesita trabajo, amparo en la enfermedad y en la vejez, respeto a su personalidad. Eso es lo que aspiramos dar en un plazo previsible a todos los chilenos. Lo que ha sido negado a América Latina a lo largo de siglos. Lo que algunas naciones empiezan a garantizar ahora a toda una población.

Empero, detrás de esta tarea y como requisito fundamental para lIevarla a cabo, se impone otra igualmente trascendental. Es movilizar la voluntad de los chilenos para dedicar nuestras manos, nuestras mentes y nuestros sentimientos a recuperar al pueblo para sí mismos a fin de integramos en la civilización de este tiempo como dueños de nuestro destino y herederos del patrimonio de técnicas, de saber, de arte, de cultura. Orientar el país hacia la atención de esas aspiraciones fundamentales es el único modo de satisfacer las necesidades populares, de suprimir diferencias con los más favorecidos. Y, sobre todo, de dar tarea a la juventud, abriéndole amplias perspectivas de una existencia fecunda como edificadora de la sociedad en que le tocará vivir.

Conciudadanos del Congreso:

El mandato que se nos ha confiado compromete todos los recursos materiales y espirituales del país. Hemos llegado a un punto en que el retroceso o el inmovilismo significarían una catástrofe nacional irreparable. Es mi obligación, en esta hora, como primer responsable de la suerte de Chile, exponer claramente el camino por el que estamos avanzando y el peligro y la esperanza que, simultáneamente, nos depara.

El Gobierno Popular sabe que la superación de un período histórico está determinada por los factores sociales y económicos que ese mismo período ha conformado previamente. Ellos encuadran los agentes y modalidades del cambio histórico. Desconocerlo sería ir contra la naturaleza de las cosas.

En el proceso "revolucionario" que vivimos, son cinco los puntos esenciales en que confluye nuestro combate político y social: la legalidad, la institucionalidad, las libertades políticas, la violencia y la socialización de los medios de producción: cuestiones que afectan al presente y al futuro de cada conciudadano.

El principio de la legalidad

El principio de legalidad rige hoy en Chile. Ha sido impuesto tras una lucha de muchas generaciones contra el absolutismo y la arbitrariedad en el ejercicio del poder del Estado. Es una conquista irreversible mientras exista diferencia entre gobernantes y gobernados.

No es el principio de legalidad lo que denuncian los movimientos populares. Protestamos contra una ordenación legal cuyos postulados reflejan un régimen social opresor. Nuestra normativa jurídica, las técnicas ordenadoras de las relaciones sociales entre chilenos responden hoya las exigencias del sistema capitalista. En el régimen de transición al socialismo, las normas jurídicas responderán a las necesidades de un pueblo esforzado en edificar una nueva sociedad. Pero legalidad habrá.

Nuestro sistema legal debe ser modificado. De ahí la gran responsabilidad de las Cámaras en la hora presente: contribuir a que no se bloquee la transformación de nuestro sistema jurídico. Del realismo del Congreso depende, en gran medida, que a la legalidad capitalista suceda la legalidad socialista conforme a las transformaciones socioeconómicas que estamos implantando, sin que una fractura violenta de la juridicidad abra las puertas a arbitrariedades y excesos que, responsablemente, queremos evitar.

El desarrollo institucional

El papel social ordenador y regulador que corresponde al régimen de Derecho está integrado a nuestro sistema institucional. La lucha de los movimientos y partidos populares que hoy son gobierno ha contribuido sustancial mente a una de las realidades más prometedoras con que cuenta el país: tenemos un sistema institucional abierto, que ha resistido incluso a quienes pretendieron violar la voluntad del pueblo.

La flexibilidad de nuestro sistema institucional nos permite esperar que no será una rígida barrera de contención. Y que al igual que nuestro sistema legal, se adaptará a las nuevas exigencias para generar, a través de los cauces constitucionales, la institucionalidad nueva que exige la superación del capitalismo.

El nuevo orden institucional responderá al postulado que legitima y orienta nuestra acción: transferir a los trabajadores y al pueblo en su conjunto el poder político y el poder económico. Para hacerlo posible es prioritario la propiedad social de los medios de producción fundamentales.

Al mismo tiempo es necesario adecuar las instituciones políticas a la nueva realidad. Por eso, en un momento oportuno, someteremos a la voluntad soberana del pueblo la necesidad de reemplazar la actual Constitución, de fundamento liberal, por una Constitución de orientación socialista. Y el sistema bicameral en funciones, por la Cámara Única.

Es conforme con esta realidad que nuestro Programa de Gobierno se ha comprometido a realizar su obra revolucionaria respetando el Estado de Derecho. No es un simple compromiso formal, sino el reconocimiento explícito de que el principio de legalidad y el orden institucional son consubstanciales a un régimen socialista, a pesar de las dificultades que encierran para el período de transición.

Mantenerlos, transformando su sentido de clase, durante este difícil período es una tarea ambiciosa de importancia decisiva para el nuevo régimen social.

No obstante, su realización escapa a nuestra sola voluntad: dependerá fundamentalmente de la configuración de nuestra estructura social y económica, su evolución a corto plazo y el realismo en la actuación política de nuestro pueblo. En este momento pensamos que será posible, y actuamos en consecuencia.

Las libertades políticas

Del mismo modo, es importante recordar que, para nosotros, representantes de las fuerzas populares, las libertades políticas son una conquista del pueblo en el penoso camino por su emancipación. Son parte de lo que hay de positivo en el período histórico que dejamos atrás. Y, por lo tanto, deben permanecer. De ahí también nuestro respeto por la libertad de conciencia y de todos los credos. Por eso destacamos con satisfacción las palabras del Cardenal Arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, en su mensaje a los trabajadores: «La Iglesia que represento es la Iglesia de Jesús, el hijo del carpintero. Así nació, y así la queremos siempre. Su mayor dolor es que la crean olvidada de su cuna, que estuvo y está entre los humildes».

Pero no seríamos revolucionarios si nos limitáramos a mantener las libertades políticas. El Gobierno de la Unidad Popular fortalecerá las libertades políticas. No basta con proclamarlas verbalmente porque son entonces frustraciones o burla. Las haremos reales, tangibles y concretas, ejercitables en la medida que conquistemos la libertad económica.

En consecuencia, el Gobierno Popular inspira su política en una premisa artificial mente negada por algunos: la existencia de clases y sectores sociales con intereses antagónicos y excluyentes, y la existencia de un nivel político desigual en el seno de una misma clase o sector.

Ante esta diversidad, nuestro Gobierno responde a los intereses de todos los que ganan su vida con el esfuerzo de su trabajo: obreros y profesionales, técnicos, artistas, intelectuales y empleados. Bloque social cada vez más unido en su condición común de asalariados. Por el mismo motivo nuestro Gobierno ampara a los pequeños y medianos empresarios. A todos los sectores que, con intensidad variable, son explotados por la minoría propietaria de los centros de poder.

La coalición multipartidista del Gobierno Popular responde a esta realidad. Y en el enfrentamiento diario de sus intereses con los de la clase dominante se sirve de los mecanismos de confrontación y resolución que el sistema jurídico institucional establece. Reconociendo a la oposición las libertades políticas y ajustando su actuación dentro de los límites institucionales. Las libertades políticas son una conquista de toda la sociedad chilena en cuanto Estado.

Todos estos principios de acción, que se apoyan en nuestra teoría política revolucionaria, que responden a la realidad del país en el momento presente, que están contenidas en el Programa de Gobierno de la Unidad Popular, los he ratificado plenamente como Presidente de la República.

Son parte de nuestro proyecto de desarrollar al máximo las posibilidades políticas de nuestro país, para que la etapa de transición hacia el socialismo sea de superación selectiva del sistema presente. Destruyendo o abandonando sus dimensiones negativas y opresoras. Vigorizando y ampliando los factores positivos.

La violencia

El pueblo de Chile está conquistando el poder político sin verse obligado a utilizar las armas. Avanza en el camino de su liberación social sin haber debido combatir contra un régimen despótico o dictatorial, sino contra las limitaciones de una democracia liberal. Nuestro pueblo aspira legítimamente a recorrer la etapa de transición al socialismo sin tener que recurrir a formas autoritarias de gobierno.

Nuestra voluntad en este punto es muy clara. Pero la responsabilidad de garantizar la evolución política hacia el socialismo no reside únicamente en el Gobierno, en los movimientos y partidos que lo integran. Nuestro pueblo se ha levantado contra la violencia institucionalizada que sobre él hace pesar el actual sistema capitalista. Y por eso estamos transformando las bases de este sistema.

Mi gobierno tiene su origen en la voluntad popular libremente manifestada. Sólo ante ella responde; los movimientos y partidos que lo integran son orientadores de la conciencia revolucionaria de las masas y expresión de sus aspiraciones e intereses. y también son directamente responsables ante el pueblo.

Con todo, es mi obligación advertir que un peligro puede amenazar la nítida trayectoria de nuestra emancipación y podría alterar radicalmente el camino que nos señalan nuestra realidad y nuestra conciencia colectiva; este peligro es la violencia contra la decisión del pueblo.

Si la violencia, interna o externa, la violencia en cualquiera de sus formas, física, económica, social o política llegara a amenazar nuestro normal desarrollo, y las conquistas de los trabajadores, correrían el más serio peligro la continuidad institucional, el Estado de Derecho, las libertades políticas y el pluralismo. El combate por la emancipación social o por la libre determinación de nuestro pueblo adoptaría obligatoriamente manifestaciones distintas de lo que con legítimo orgullo y realismo histórico denominamos la vía chilena hacia el socialismo. La resuelta actitud del Gobierno, la energía revolucionaria del pueblo, la firmeza democrática de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, velarán porque Chile avance con seguridad por el camino de su liberación.

La unidad de las fuerzas populares y el buen sentido de los sectores medios nos dan la superioridad indispensable para que la minoría privilegiada no recurra fácilmente a la violencia. Si la violencia no se desata contra el pueblo, podremos transformar las estructuras básicas donde se asienta el sistema capitalista en democracia, pluralismo y libertad. Sin compulsiones físicas innecesarias, sin desorden institucional, sin desorganizar la producción; de acuerdo con el ritmo que determine el Gobierno según la atención de las necesidades del pueblo y el desarrollo de nuestros recursos.

Lograr las libertades sociales

Nuestro camino es instaurar las libertades sociales mediante el ejercicio de las libertades políticas, lo que requiere como base establecer la igualdad económica. Este es el camino que el pueblo se ha trazado, porque reconoce que la transformación revolucionaria de un sistema social exige secuencias intermedias. Una revolución simplemente política puede consumarse en pocas semanas. Una revolución social y económica exige años. Los indispensables para penetrar en la conciencia de las masas. Para organizar las nuevas estructuras, hacerlas operantes y ajustarlas a las otras. Imaginar que se pueden saltar las fases intermedias es utópico. No es posible destruir una estructura social y económica, una institución social preexistente, sin antes haber desarrollado mínimamente la de reemplazo. Si no se reconoce esta exigencia natural del cambio histórico, la realidad se encargará de recordarla. Tenemos muy presente la enseñanza de las revoluciones triunfantes. La de aquellos pueblos que ante la presión extranjera y la guerra civil han tenido que acelerar la revolución social y económica para no caer en el despotismo sangriento de la contrarrevolución. Y que recién después, durante decenios, han tenido que organizar las estructuras necesarias para superar definitivamente el régimen anterior.

El camino que mi gobierno ha trazado es consciente de estos hechos. Sabemos que cambiar el sistema capitalista respetando la legalidad, institucionalidad y libertades políticas, exige adecuar nuestra acción en lo económico, político y social a ciertos límites. Éstos son perfectamente conocidos por todos los chilenos. Están señalados en el programa de Gobierno que se está cumpliendo inexorablemente, sin concesiones en el modo y la intensidad que hemos hecho saber de antemano.

El pueblo chileno, en proceso ascendente de madurez y de organización, ha confiado al Gobierno Popular la defensa de sus intereses. Ello obliga al Gobierno a actuar con una total identificación e integración con las masas, a interpretarlas orientándolas. Y le impide distanciarse con actuaciones retardatarias o precipitadas. Hoy más que nunca, la sincronización entre el pueblo, los partidos populares y el Gobierno debe ser precisa y dinámica.

Cada etapa histórica responde a los condicionamientos de la anterior y crea los elementos y agentes de la que sigue. Recorrer la etapa de transición sin restricciones en las libertades políticas, sin vacío legal o institucional, es para nuestro pueblo un derecho y una legítima reivindicación. Porque está prefigurando en términos concretos su plena realización material en la sociedad socialista. El Gobierno Popular cumplirá con su responsabilidad en este momento decisivo.

En la organización y conciencia de nuestro pueblo, manifestada a través de los movimientos y partidos de masas, de los sindicatos, radica el principal agente constructor del nuevo régimen social. En movilización permanente y multiforme, según las exigencias objetivas de cada momento. Esta responsabilidad, no necesariamente desde el Gobierno, esperamos que sea compartida por la Democracia Cristiana que deberá manifestar su consecuencia con los principios y programas que tantas veces expuso al país.

Esta responsabilidad, no necesariamente desde el Gobierno, esperamos que sea compartida por la Democracia Cristiana, que deberá manifestar su consecuencia con los principios y programas que tantas veces expuso al país.

Conciudadanos:

En seis meses de gobierno hemos actuado en todos los frentes con decisión. Nuestra labor económica está dirigida a quebrar las barreras que impiden el total florecimiento de nuestras potencialidades materiales y humanas. En seis meses de gobierno hemos avanzado con energía por la senda del cambio irreversible. El informe impreso que acabamos de entregar da cuenta cumplida y detallada de nuestra actuación.

Chile ha iniciado la recuperación definitiva de nuestra principal riqueza básica: el cobre. La nacionalización de nuestro cobre no es un acto de venganza o de odiosidad a grupo, gobierno o nación alguna. Estamos, por el contrario, en actitud positiva de ejercer un derecho inalienable para un pueblo soberano: el disfrute pleno de nuestros recursos nacionales explotados con trabajo y esfuerzo nacional. Recuperar el cobre es una decisión de Chile, y exigimos el respeto de todos los países y gobiernos por una decisión unánime de un pueblo libre. Pagaremos por el cobre si es justo pagar, o no pagaremos si es injusto hacerlo. Velaremos por nuestros intereses. Seremos implacables si comprobamos que la negligencia o la actividad dolosa de personas o entidades perjudican al país.

Hemos nacionalizado otra de nuestras riquezas fundamentales: el hierro. Hace poco tiempo culminó una negociación con la Bethlehem Corporation, en virtud de la cual la minería del hierro pasó íntegramente al área de propiedad social. Estudiamos en estos momentos la constitución del complejo nacional del acero que agrupará seis empresas en torno a la CAP. El acuerdo con la industria americana ha mostrado una vez más que el Gobierno ofrece un trato equitativo al capital foráneo sin renunciar a los intereses básicos de nuestra acción. Pero no estamos dispuestos a tolerar el menosprecio a nuestras leyes y la falta de respeto a las autoridades que encontramos en algunas empresas extranjeras. Recuperamos para la propiedad colectiva el carbón.

El salitre es también nuestro. Según compromiso del Gobierno anterior debíamos pagar 24 millones de dólares en debentures a 15 años plazo, que, con los intereses, representaban 38. Las acciones del sector norteamericano valían teóricamente 25 millones de dólares. Todo esto se ha rescatado en 8 millones de dólares pagaderos en 2 años.

Hemos incorporado al área de propiedad social varias empresas -entre ellas Purina, Lanera Austral, las plantas textiles Bellavista Tomé, Fiap y Fabrilana; requisamos la industria del cemento y la industria Yarur al ser amenazado el abastecimiento. Para evitar su quiebra, adquirimos parte importante del activo de la empresa Editora ZigZag, que constituirá la base de una industria gráfica y editorial que satisfaga las necesidades culturales del nuevo Chile.

En todas las empresas incorporadas al área de propiedad social, el país ha podido comprobar el apoyo decidido de los trabajadores, el inmediato aumento de productividad, la participación activa de obreros, empleados y técnicos en el manejo y administración.

Hemos acelerado la reforma agraria llevando a cabo parte importante de la tarea establecida para este año: la expropiación de 1.000 latifundios. El proceso se conduce con respeto a la legislación vigente y cautelando los intereses del pequeño y mediano agricultor. Queremos instaurar una nueva agricultura, más vigorosa, más sólida en su organización, mucho más productiva. Queremos que Chile sea capaz de satisfacer sus necesidades de alimentos. Queremos que los hombres que viven de la tierra se beneficien equitativamente de los frutos de su trabajo. La estatización bancaria ha sido un paso decisivo. Con respeto absoluto de los derechos del pequeño accionista hemos estatizado 9 bancos y estamos a punto de obtener el control mayoritario de otros. Por antecedentes que tenemos, esperamos un acuerdo razonable con los bancos extranjeros. Buscamos así la dirección del aparato financiera y la ampliación del área social en las ramas productoras de bienes materiales. Queremos poner el nuevo sistema bancario al servicio del área socializada y de los pequeños y medianos industriales, comerciantes y agricultores, hasta ahora discriminados.

Estas han sido nuestras primeras actuaciones para iniciar el cambio esencial y definitivo de nuestra economía. Pero no hemos hecho sólo eso. Además hemos aplicado una política de corto plazo cuyo objetivo central ha sido aumentar la disponibilidad de bienes materiales y servicios para el consumo, canalizando ese incremento hacia los sectores más desfavorecidos.

Libramos una dura lucha por reprimir la inflación, eje de nuestra política redistxibutiva. La acción intünflacionaria ha adquirido una connotación política nueva y será un elemento movilizados de la lucha popular. Reprimir las alzas de precios significa para el pueblo conservar el mayor poder de consumo que se le ha entregado, mientras se consolida definitivamente con la profundización de las tareas de construcción socialista. Al mismo tiempo, los empresarios privados tienen posibilidades de ganancia equitativa compensando el menor beneficio por unidad con los mayores volúmenes de producción.

En la práctica esta política ha rendido frutos apreciables en términos redistributivos. Sabemos, sin embargo, que la reactivación programada enfrenta obstáculos. Por una parte, ciertos grupos empresariales intentan impedir el éxito de nuestras medidas mediante un entorpecimiento abierto o disfrazado de la producción. Por otra parte, la falta de audacia de algunos sectores demasiado embebidos en los esquemas tradicionales de producción magia y alta utilidad les impide comprender la coyuntura actual y efectuar un mayor aporte al proceso productivo.

Esta es, sin embargo, su obligación social. A quienes no la cumplen, deliberadamente o no, aplicaremos todos los instrumentos legales a nuestro alcance para continuar estimulándolos y, en caso necesario, obligarlos a producir más.

Paralelamente, hemos conducido una política social destinada a mejorar la alimentación de nuestros niños, a proporcionar atención médica más expedita, a ampliar substancialmente nuestras capacidades educativas, a iniciar un programa indispensable de construcción de viviendas, a plantear como necesidad nacional urgente una mayor absorción del desempleo. Y lo estamos haciendo sin desórdenes, con justicia, procurando siempre que el costo social sea el menor posible. Hoy el hombre de nuestro pueblo tiene mayor poder de compra, consume más, siente que los frutos del esfuerzo conjunto se están repartiendo mejor. Y, al mismo tiempo, tiene el derecho a sentirse dueño de sus minas, de sus bancos, de su tierra, de su futuro.

No nos medimos si nos comparamos a gobiernos anteriores. Somos fundamentalmente distintos. Pero si esa comparación se hiciera, incluso usando los indicadores más tradicionales, saldríamos favorecidos. Hemos logrado la tasa de inflación más baja de los últimos años; hemos iniciado la redistribución de ingresos más efectiva que Chile haya visto. Construiremos más casas este año que nunca antes en dual período de tiempo. Pese a los agoreros, mantenemos el flujo formal de abastecimiento de los bienes esenciales.

Somos fundamentalmente distintos de gobiernos anteriores: este Gobierno siempre dirá la verdad al pueblo. Creo que es mi deber manifestar honestamente que hemos cometido errores; que dificulades imprevistas entorpecen la ejecución de los planes y programas.

Pero aunque la producción de cobre no fuera la señalada, aunque la roducción de salitre no llegara al millón de toneladas, aunque no construyamos todas las viviendas previstas, en cada uno de estos rubros superaremos con largueza la más alta producción de cobre y de salitre y de casas que registre nuestra nación.

No hemos logrado coordinar adecuadamente las múltiples instituciones del sector estatal, por lo que hay ineficiencia en algunas decisiones. Pero estamos constituyendo mecanismos de racionalización y planificación más expeditos.

Al asumir el poder nos dedicamos de inmediato a cumplir los compromisos contraídos con el país. Junto con la Central única de Trabajadores estudiamos la Ley de Reajustes y firmamos el convenio CUT-Gobierno. Enviamos un proyecto de ley al Congreso en que establecimos un aumento de remuneraciones para el sector público equivalente al 100 % del alza del coste de la vida y subimos en mayor escala los salarios mínimos correspondientes al sector privado. Pero creo que fue equivocado no llegar a un acuerdo amplio con los trabajadores para fijar criterios más precisos de reajustes, aplicables tanto al sector público como al privado.

Otra limitación que hemos sufrido radica en fallas administrativas, legales y de procedimiento que traban la ejecución de algunos planes básicos del Gobierno. Es por eso que el plan de la vivienda, por ejemplo, ha partido con atraso, lo que ha impedido reactivar ciertas industrias o absorber una mayor cesantía. En meses de abril y mayo se ha comenzado a dinamizar la actividad económica conectada a la construcción.

Existe una vasta área de actividades públicas que forman el sector de los servicios, donde están presentes taras muy arraigadas. Millones de chilenos son víctimas diarias del papeleo burocrático, de la lentitud y la tramitación. Cada gestión requiere decenas de trámites, papeles, firmas y estampillas. Cuántas horas pierde cada chileno en su lucha contra el burocratismo; cuánta energía creadora sucumbe, cuántas irritaciones inútiles. Las autoridades del Gobierno no han dedicado aún suficiente esfuerzo para enfrentar este mal endémico. El sector más responsable de los empleados lo ha hecho presente.

También hemos marchado lentamente en configurar los mecanismos sociales de participación popular. Están listos los proyectos de ley que dan personalidad jurídica a la CUT e institucionalizan la incorporación de los trabajadores en la gestión política, social y económica del Estado y de las empresas; pero apenas si hemos esbozado la forma de su participación en las regiones, la comunidad y la entidad privada. Debemos garantizar no sólo una participación vertical de los trabajadores, como por ejemplo de los obreros industriales en sus empresas según ramas, sino además una participación horizontal para que los campesinos, los obreros manufactureros, los mineros, los empleados, los profesionales, se reúnan y discutan en conjunto los problemas de una región económica determinada o del país en su totalidad. Los sistemas de participación no sólo tienden a una más justa distribución del ingreso, sino a asegurar un mayor rendimiento.

La integración horizontal del pueblo no es fácil y sin duda requiere gran madurez política y conciencia colectiva, pero ya es bueno que comencemos a comprender que mejorar la producción en un asentamiento campesino depende también del trabajo en las fábricas de maquinarias herramientas, fertilizantes, de los obreros que construyen caminos de penetración, o de los pequeños y medianos comerciantes que distribuyen los bienes. La producción es responsabilidad de la clase trabajadora en su conjunto.

Otra crítica que debemos hacemos es que en estos seis primeros meses aún no hemos logrado movilizar la capacidad intelectual, artística y profesional de muchos chilenos. Falta bastante para que todos los hombres de ciencia, los profesionales, los constructores, los artistas y técnicos, las dueñas de casa, todo aquel que pueda y quiera cooperar en la transformación de la sociedad, encuentren un cauce para aprovechar su talento.

En los meses que restan de 1971 el cobre será definitivamente de los chilenos. Del empeño de los obreros, empleados y técnicos de Chuquicamata, El Teniente, Exótica, El Salvador y Andina, depende en gran medida el volumen de producción que alcancemos este año y, por lo tanto, nuestra capacidad de obtener divisas, y así mantener un abastecimiento normal y realizar nuestros programas de inversión.

El cobre es el sueldo de Chile. Quienes administran esta riqueza y quienes la extraen de la tierra tienen en sus manos no sólo su propio destino o su propio bienestar, sino el destino y bienestar de todos los chilenos.

Habremos de profundizar la reforma agraria, modificando la ley si es menester, porque si el cobre es el sueldo de Chile, la tierra es el pan. El agro debe producir más. Los campesinos, los medianos y los pequeños propietarios tienen esta responsabilidad. Pero si el Gobierno reconoce sus errores, es justo que otros reconozcan los suyos: las tomas de poblaciones, las tomas indiscriminadas de predios agrícolas son innecesarias y perjudiciales. Por lo que hemos hecho y por nuestra actitud, tenemos autoridad para que se nos crea. Deben respetarse por eso los planes fijados por el Gobierno y el ritmo de su ejecución.

A los partidos y grupos políticos que no están en la Unidad Popular los llamamos a meditar seriamente sobre esto.

Conciudadanos:

La construcción del área de propiedad social es uno de nuestros grandes objetivos. La incorporación a ella de la mayor parte de nuestras riquezas básicas, del sistema bancario, del latifundio, de la mayor parte de nuestro comercio exterior, de los monopolios industriales y de distribución, es una tarea ya iniciada que debemos profundizar.

En el plano económico, instaurar el socialismo significa reemplazar el modo de producción capitalista mediante un cambio cualitativo de las relaciones de propiedad y una redefinición de las relaciones de producción. En este contexto, la construcción del área de propiedad social tiene un significado humano, político y económico. Al incorporar grandes sectores del aparato productor a un sistema de propiedad colectiva, se pone fin a la explotación del trabajador, se crea un hondo sentimiento de solidaridad, se permite que el trabajo y el esfuerzo de cada uno formen parte del trabajo y del esfuerzo comunes.

En el campo político, la clase trabajadora sabe que su lucha es por socializar nuestros principales medios de producción. No hay socialismo sin área de propiedad social. Incorporarle día a día nuevas empresas exige el estado de alerta permanente de la clase trabajadora. Requiere, también, un alto grado de responsabilidad. Construir el socialismo no es tarea fácil, no es tarea breve. Es una larga y difícil tarea en que la clase trabajadora debe participar con disciplina, con organización, con responsabilidad política, evitando las decisiones anárquicas y el voluntarismo inconsecuente.

La importancia del sector público es tradicional en nuestro país. Aproximadamente el 40 % del gasto es público. Más del 70 % de la inversión es de origen estatal. El sector público fue creado por la burguesía nacional para favorecer la acumulación privada, para consolidar las estructuras productivas concentradas desde el punto de vista tecnológico y patrimonial. Nuestro Gobierno pretende hacerlo cuantitativamente más importante todavía, pero también cualitativamente distinto.

El aparato estatal ha sido usado por los monopolios para desahogar sus angustias financieras, obtener apoyo económico y consolidar el sistema. Lo que caracteriza hasta ahora a nuestro sector público es su naturaleza subsidiaria de la actividad privada. Por eso algunas empresas públicas acusan déficit globales importantes, mientras otras son incapaces de generar excedentes de igual magnitud al de algunas empresas particulares.

Por otra parte, el aparato estatal chileno ha carecido de la necesaria vertebración entre sus distintas actividades. Mientras no la tenga será imposible que haga un aporte decisivo a una economía socialista. El control de algunas ramas de producción no significa que el área pública disponga de los mecanismos de dirección para cumplir con los objetivos socialistas en cuanto a empleo, acumulación, aumento de productividad y redistribución del ingreso.

Por lo tanto, es preciso ampliar la propiedad social y construirla con una nueva mentalidad. Las expropiaciones de los medios de producción más importantes permitirán lograr el grado de cohesión del aparato público imprescindible para los grandes objetivos nacionales. De ahí que uno de los criterios generales para definir el área de propiedad social es la necesidad de concebirla como un todo único, integrado, capaz de generar todas sus potencialidades en corto y mediano plazo.

Esto implica la urgencia de establecer un sistema de planificación que asigne los excedentes económicos a las distintas tareas de la producción. Este año hemos comenzado a estructurar dicho sistema creando órganos asesores como los Consejos Nacionales y Regionales de Desarrollo; se ha formulado el Plan Anual 1971 y durante el resto del año los organismos de planificación elaborarán el Plan de Economía Nacional 71-76. Es nuestro propósito que ningún proyecto de inversión se lleve adelante si no está incluido en los planes que centralmente aprobará el Gobierno. Así pondremos fin a la improvisación e iremos organizando la planificación socialista, en cumplimiento con el programa de la Unidad Popular. La existencia de la propiedad socializada requiere por definición de un método planificador capaz y efectivo dotado de la suficiente fuerza institucional.

Las ventajas del socialismo no surgen espectacularmente en las primeras etapas de su construcción. Pero los obstáculos se superan con la creación de una verdadera

moral de trabajo, con la movilización política del proletariado no sólo alrededor de su Gobierno, sino alrededor de sus medios de producción.

El establecimiento del área de propiedad social no significa crear un capitalismo de Estado, sino el verdadero comienzo de una estructura socialista. El área de propiedad social será dirigida conjuntamente por los trabajadores y los representantes del Estado, nexo de unión entre cada empresa y el conjunto de la economía nacional. No serán empresas burocráticas e ineficaces, sino unidades altamente productivas que encabezarán el desarrollo del país y conferirán una nueva dimensión a las relaciones laborales.

Nuestro régimen de transición no contempla la existencia del mercado como única guía del proceso económico. La planificación será la principal orientadora de los recursos productivos. Algunos pensarán que hay otros caminos. Pero formar empresas de trabajadores integradas al mercado liberal significaría disfrazar a los asalariados de supuestos capitalistas e insistir en un medio históricamente fracasado.

La supremacía del área de propiedad social supone la captación y utilización del excedente por ello generado. Por consiguiente, es necesario garantizar que el sector financiero y gran parte del sector de distribución integren el área de propiedad social. En síntesis, es preciso controlar el proceso productivo, el financiero y, parcialmente, el de comercialización.

Debemos fortalecer el área de propiedad social volcando en su favor el poder del Estado traducido en su política económica: las políticas crediticia, fiscal, monetaria,

de salarios, científica y tecnológica, la política de comercio exterior, deben quedar subordinadas a las necesidades de acumulación socialista, es decir, a los intereses de los trabajadores.

Paralelamente, debemos ayudar en la ejecución de su aporte a los pequeños y medianos industriales, comerciantes y agricultores, que han sido durante muchos años un estrato explotado por los grandes monopolios. Nuestra política económica les garantiza un trato equitativo. No habrá más expoliación financiera, se terminará la extorsión del gran comprador frente al pequeño vendedor. Las industrias pequeñas y medianas tendrán un papel activo en la construcción de la nueva economía. Insertos en un aparato organizado más racionalmente y orientado a producir para la gran mayoría de los chilenos, apreciarán el respaldo del área social. Los limites de los sectores privado, mixto y social serán establecidos con precisión.

Estamos enfrentando una alternativa de cambio singular en la historia económica. Ningún país ha logrado un desarrollo económico aceptable sin ingentes sacrificios. No pretendemos haber descubierto la fórmula por la cual el progreso económico y un sistema social más justo puedan instaurarse sin costo alguno. No ofrecemos construir, de la noche a la mañana, una economía socializada, con distribución equitativa del ingreso, con estabilidad monetaria, con ocupación plena, con elevados niveles de productividad. Ofrecemos, en cambio, construir esa sociedad con el menor costo social que sea posible ima ginar en nuestras circunstancias.

El socialismo no es un don gratuito que encuentran los pueblos casualmente en su camino. La liberación que trae consigo, tampoco.

Obtenerlo significa postergar algunas posibilidades presentes a cambio de sentar para el futuro las bases de una sociedad más humana, más rica y más justa.

Los mismos principios que informan nuestra política interior están presentes en la política exterior del país. En conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, nuestro país apoya resueltamente la no intervención en los asuntos internos de los estados, la igualdad jurídica entre ellos, el respeto de su soberanía y el ejercicio de su derecho de autodeterminación. La acción exterior de mi Gobierno, en el plano bilateral como el multilateral, se orienta a la consolidación de la paz y a la cooperación internacional. En consecuencia, Chile ha extendido sus relaciones diplomáticas a nuevos países. Nuestra primera decisión, obedeciendo a un anhelo mayoritario del pueblo chileno, fue restablecer relaciones con Cuba, injustamente sancionada. Establecimos relaciones diplomáticas y comerciales, también, con China, Nigeria y la República Democrática Alemana. Hemos establecido relaciones comerciales con la República Democrática de Corea y la República Democrática de Vietnam. Y en el contexto latinoamericano hemos apoyado ante la OEA la reducción de los armamentos.

Chile ha colaborado en la " declaración relativa a los principios de derecho internacional referente a las relaciones de amistad y cooperación de los pueblos", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a fines del año pasado. Asimismo hemos suscrito el programa de actividades para aplicar la " declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales", hemos intervenido en formular una estrategia internacional para el " segundo decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo".

Nuestro combate contra el retraso y la dependencia de hegemonías foráneas sitúa a Chile en comunidad de intereses con otros pueblos de Asia y África. Por ello, es decisión del Gobierno Popular incorporarse activamente al grupo de naciones llamadas «no alineadas», participando decididamente en sus deliberaciones y acuerdos. Nuestra concepción universalista de las Naciones Unidas nos lleva a votar favorablemente el reconocimiento de los legítimos derechos de la República Popular China. Nuestro respeto a las independencias de los países nos exige condenar la guerra en Vietnam y su extensión a Laos y Camboya.

Dentro de esta orientación general, estamos colaborando en la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo -UNCTAD-, cuya tercera conferencia mundial en abril próximo tendrá su sede en Santiago. Y dentro de unas semanas, en junio, se celebrará también en nuestra capital la reunión del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Además, me honro en comunicar que he recibido reiteradas invitaciones para visitar países de este y otros continentes. He agradecido esta deferente actitud en nombre de Chile.

Es propósito de mi Gobierno mantener con los Estados Unidos de América relaciones amistosas y de cooperación. Nos hemos empeñado en crear las condiciones de comprensión hacia nuestra realidad, que impidan la generación de conflictos y eviten que cuestiones no esenciales perjudiquen ese propósito, obstaculizando la solución negociada y amistosa de los problemas que pueden plantearse. Creemos que esta conducta realista y objetiva será correspondida por el pueblo y el Gobierno de los Estados Unidos.

Hemos levantado nuestra voz de país soberano con respeto de todas las naciones. Pero con la dignidad de los que hablan en nombre de un país digno. Así lo hicimos en la CEPAL, en CIAP y en todas las reuniones especializadas donde nuestros representantes expusieron el pensamiento de Chile.

Hemos reiterado la profunda crisis que atraviesan el sistema interamericano y su expansión institucional, la Organización de Estados Americanos. Dicho sistema se basa en una ficción de igualdad entre todos los miembros, en circunstancias que la desigualdad es absoluta y que el marcado desequilibrio de poder en favor de los Estados Unidos ampara los intereses de los más poderosos con desmedro de los más débiles. Esto en un contexto global de dependencia cuyos efectos negativos se manifiestan en todos los planos. Así, la crisis actual del dólar, originada por la política interior y exterior de Estados Unidos, amenaza perjudicar a los países del capitalismo industrial. Pero repercutirá en forma más lesiva sobre las economías latinoamericanas, en la medida que reduzca nuestras reservas monetarias, disminuya los créditos y contraiga las relaciones comerciales.

Los países miembros de esas instituciones no pueden ser cuestionados en sus derechos por la forma de Gobierno que se hayan dado. Y las instituciones de financiamiento internacional no pueden ser instrumento de los países poderosos contra los débiles. Utilizar presiones directas o subrepticias para obstaculizar el financiamiento de proyectos técnicamente idóneos, es alterar la finalidad proclamada de dichos organismos y una forma aviesa de entrometerse en la i vida interna de los países en contra de sus necesidades.

Nuestros esfuerzos por ampliar y fortalecer relaciones de todo orden con los países de Europa occidental han sido correspondidos por un claro interés de ellos que ya ha tenido expresiones concretas. Y en el incremento de intercambio y colaboración con los países socialistas mi Gobierno ve tanto un modo adecuado para cautelar nuestros intereses y estimular la economía, la técnica, la ciencia y la cultura, como un medio para servir a las clases trabajadoras del mundo entero.

Latinoamérica sufre un estado de sumisión que sus países no han podido alterar con fórmulas tradicionales e inoperantes.

Desde hace un tiempo, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile se han propuesto sustituir esas fórmulas por otras nuevas que, mediante la integración subregional, hagan posible el desarrollo armónico de sus recursos en beneficio de nuestros objetivos comunes. El Pacto Andino representa una empresa ejemplar en la que el Gobierno de la Unidad Popular está poniendo todos sus esfuerzos. Así lo hemos demostrado en Lima y Bogotá.

Mi Gobierno atribuye especial importancia a mantener las mejores relaciones con los países hermanos del continente. Es propósito fundamental nuestro afianzar todos los vínculos que acrecienten nuestra constante amistad con la República Argentina, eliminando los obstáculos que se interpongan en el cumplimiento de ese objetivo. La situación anómala de nuestras relaciones con la República de Bolivia contradice la vocación de ambos pueblos, por lo que haremos cuanto esté de nuestra parte para normalizarla.

Todo lo que hemos planteado en el campo político, económico, cultural e internacional es tarea de un pueblo. No de un hombre ni de un Gobierno.

Entre noviembre y febrero el número de trabajadores que ha debido recurrir a la huelga ha disminuido de 170.000 en el período anterior a 76.000 en éste. La identidad del Gobierno Popular con los trabajadores, compartiendo éxitos y desaciertos, ha hecho innecesarios conflictos que antes fueron inevitables. Este año no ha habido huelgas ni en el carbón, ni en el salitre, ni en el cobre, el hierro, los textiles, la salud, la enseñanza, ni los ferrocarriles. O sea, no ha habido huelgas en las actividades vitales para el progreso del país.

Quiero destacar que por primera vez en Chile el trabajo voluntario es permanente en algunas empresas estatizadas. Y que también por primera vez se realiza en forma masiva de Arica a Magallanes, en todos los ámbitos de la actividad nacional. Soldados y sacerdotes, estudiantes y obreros, profesionales y comerciantes, ancianos y muchachas, libre y espontáneamente contribuyen a la tarea común con horas que les pertenecen. Manifestación creadora más allá de la concepción del trabajo-mercancía. Y elocuente respuesta a quienes, dentro y fuera de Chile, pretenden hacer creer cosas que nunca ocurrieron ni ocurrirán. En este país hay y habrá un Gobierno que sabe qué métodos aplica y cuándo. Como Presidente asumo la responsabilidad de ello.

Las grandes acciones que tenemos por delante se enfrentarán con la identificación responsable y esforzada de nuestro trabajador consigo mismo, con sus auténticos intereses, que van mucho más allá de los pequeños o grandes problemas de este día, de este mes o este año. En la integración de los trabajadores y de su representan político, el Gobierno Popular, tenemos un instrumento invencible.

Los que viven de su trabajo tienen hoy en sus manos la dirección política del Estado. Suprema responsabilidad. La construcción del nuevo régimen social encuentra en la base, en el pueblo, su actor y su juez. Al Estado corresponde orientar, organizar y dirigir, pero de ninguna manera reemplazar la voluntad de los trabajadores. Tanto en lo económico como en lo político los propios trabajadores deben detentar el poder de decidir. Conseguirlo será el triunfo de la revolución.

Por esta meta combate el pueblo. Con la legitimidad que da el respeto a los valores democráticos. Con la seguridad que da un programa. Con la fortaleza de ser mayoría. Con la pasión del revolucionario.

Venceremos.

( Texto tomado de la versión oficial distribuída a los periodistas por la Oficina de Información y Radiodifusión de la Presidencia de la República de Chile, en mayo de 1971. Róbinson Rojas)