| Reproducido de El Siglo Digital No.244, 2003 La Prensa Canalla y la violación de los Derechos Humanos Por Francisco Herreros -Estudio revela que el ocultamiento de fuentes, recurso típico de la guerra psicológica y la desinformación, se ha convertido en un hábito de la prensa nacional. -Los grandes montajes para encubrir la violación de los derechos humanos durante la dictadura. -Los responsables de la transformación del periodismo en el brazo político de los servicios represivos. -El historiador del Plan Zeta y el último Premio Nacional de Periodismo.  Un estudio reciente, de los investigadores Giselle Munizaga y Diego Moulian, de la organización Observatorio de Medios, revela que el uso de trascendidos y fuentes no identificadas se ha convertido en una práctica generalizada de la prensa escrita chilena. Este procedimiento contraviene la ética periodística. De hecho, el N°2 del Título N°1 del Código de Etica del Colegio de Periodistas de Chile establece: “El periodista difundirá sólo informaciones fundamentadas, sea por la correspondiente verificación de los hechos en forma directa o con distintas fuentes, sea por la confiabilidad de las mismas”, mientras que el N°9 del mismo título prescribe: “El periodista debe citar sus fuentes, pues el lector tiene derecho a conocerlas y así evaluar por sí mismo la calidad de las mismas”. Estos preceptos, inscritos a fuego en el contexto de la responsabilidad social del periodismo y su ineludible compromiso con la verdad, son sistemáticamente atropellados por la prensa “seria” del país. El estudio mencionado, sobre 6.500 noticias publicadas por los diarios de las dos cadenas monopólicas del país, entre el 21 de abril y 21 de junio pasados, demuestra que el 17% de las noticias del diario La Tercera, el 16% de El Mercurio y 14% de Las Ultimas Noticias carecen de fuente conocida, o bien aparecen encubiertas bajo engañosas formulaciones tales como “personeros calificados”, “fuentes de tribunales” o “círculos informados”, una oblicua vía para deslizar la mentira, el contrabando ideológico y la manipulación. El estudio de Munizaga y Moulian se limita a constatar una práctica usual del periodismo chileno, pero abstrae su origen político e histórico. Es fácil comprobar que la omisión de fuentes constituye un clásico recurso de la guerra psicológica y la desinformación, y que fue inoculado por los servicios secretos norteamericanos a la prensa chilena golpista entregada a la tarea de socavar las bases del régimen democrático, durante el gobierno de la Unidad Popular. Está históricamente demostrado que la base de los montajes con que la prensa “seria” encubrió la violación de los derechos humanos durante la dictadura fue, precisamente, el abuso de trascendidos y versiones atribuidas a anónimas “fuentes de inteligencia”, u otros subterfugios de parecido jaez, como probará la revisión del modo como informaron los diarios de las cadenas de El Mercurio y La Tercera sobre el Plan Zeta, la Operación Colombo, la desaparición de la tercera dirección clandestina del Partido Comunista y la Operación Albania. Estos casos fueron elegidos en función de criterios tales como su gravedad, su distribución en la línea de tiempo, el grado de complicidad si es que no de autoría mediata de la prensa, y su avance en términos del establecimiento de la verdad, incluso en el nivel judicial. Aunque la complicidad de la prensa en la violación de los derechos humanos es un hecho socialmente aceptado, no existe correlación con la identificación de los responsables. Con abstracción del anonimato que los encubrió, tales montajes no hubiesen sido posibles sin la decisión o al menos la aprobación de directores y editores de los medios que los difundieron. Algunos de ellos, ya fallecidos o retirados, son reverenciados cual íconos de un periodismo “serio” y “objetivo”, mientras que otros, aún en actividad, son decanos de escuelas de Periodismo, e incluso han sido galardonados con el Premio Nacional de Periodismo, singularidad sólo explicable en el marco del cambalache de esta perpetua transición desde la nada misma hacia ninguna parte. El historiador del Plan Zeta El Plan Zeta, un tosco montaje de inteligencia orientado a justificar las primeras matanzas de la dictadura, buscaba instalar en la traumatizada opinión pública la noción de que las FF. AA. no tuvieron más opción que tomar el poder para neutralizar un “siniestro plan” de las “hordas marxistas” para “descabezar” a sus altos mandos y asesinar a lo más granado de la sociedad de la época. El primer antecedente del Plan Zeta, el 17 de septiembre de 1973, fue su filtración por el servicio de inteligencia de la Armada al corresponsal en Concepción de los diarios El Mercurio y Las Ultimas Noticias, Julio Arroyo Kuhn, la cual fue difundida en los siguientes términos: "Un plan destinado a decapitar la cúpula militar y eliminar a la oposición al gobierno de Allende, fue descubierto al parecer en los archivos del Palacio Presidencial, se informó en buena fuente". El Mercurio montó la siguiente versión: “El descerrajamiento de la caja fuerte de la Subsecretaría del Interior dejó al descubierto el minucioso plan elaborado para que se cumpliera el 17 de septiembre, a fin de asesinar simultáneamente a los jefes de las Fuerzas Armadas, políticos de oposición, periodistas y profesionales que discreparan con el gobierno depuesto”. A partir de ese instante, El Mercurio se dio a la tarea de publicar informaciones acerca de profusos hallazgos de arsenales que brotaban como callampas, de allanamientos a ubicuas escuelas de guerrillas cuyos integrantes nunca combatieron y planes de degollinas contra miembros de las Fuerzas Armadas, que invariablemente los extremistas habían tenido a bien olvidar en gavetas y cajones de sus oficinas, así como robos, desfalcos e irregularidades de todo tipo que habrían perpetrado los funcionarios del gobierno depuesto, bajo titulares como los siguientes: “Comunistas y socialistas serían los ejecutores: 600 familias iban a ser asesinadas en Concepción”; “Marxistas Proyectaban la Destrucción de Limache”; “Planes Siniestros Alentaban Marxistas en Zona Salitrera”; “Otra Escuela de Guerrillas se Descubrió en Nueva Imperial”, entre otros tantos de semejante estofa. La memoria histórica no debe olvidar que las ejecuciones sumarias de militantes y simpatizantes de partidos de izquierda en los sangrientos albores de la dictadura tuvieron como pretexto su supuesta participación en el Plan Zeta, y que El Mercurio prestó la coartada con titulares e informaciones como las descritas. Director de El Mercurio era René Silva Espejo, fallecido en olor a santidad, y subdirector, Arturo Fontaine Aldunate, Premio Nacional de Periodismo 1975 y actual decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Santo Tomás, donde tiene a su cargo la formación de nuevos contingentes del periodismo nacional. Sobre el Plan Zeta, en entrevista concedida al diario La Nación, en 1993, declaró muy suelto de cuerpo: “No tengo ninguna prueba de que haya existido el Plan Zeta. En ese momento se daba como un hecho cierto. Para mí es hoy una incógnita”. Respecto de la autoría del Plan Zeta, hay versiones que apuntan al historiador y columnista del diario La Segunda, Gonzalo Vial Correa, lo que en rigor es inexacto puesto que su participación se reduce a su publicación en el Libro Blanco de la Junta Militar, único antecedente público del plan, tal como reconoció en su columna de La Segunda, el 2 de febrero de 1999: “El Plan Zeta apareció en el Libro Blanco del Gobierno de Chile sobre las causas del pronunciamiento militar, publicado el mismo año 1973. El que escribe fue uno de sus redactores. En ese momento, la Junta, a través de la Armada, nos proporcionó una gran cantidad de documentos encontrados al allanar, durante y después del golpe, oficinas públicas, locales políticos de la UP y el MIR, empresas estatizadas y residencias particulares. Entre esos documentos venía el Plan Zeta reproducido en el Libro Blanco”. Vial Correa, un respetado historiador de la plaza, dado a la tarea de editar fascículos sobre Unidad Popular, desperdició una estupenda oportunidad de callar, toda vez que en su columna de La Segunda, el 12 de septiembre pasado, arremetió contumaz: “El Libro Blanco no fue anónimo, sino una publicación oficial de la Secretaría General de Gobierno, distribuida con ese carácter en Chile y (traducida al inglés) el extranjero. Sus autores no fueron indicados, pues nunca lo son en este tipo de publicaciones: el autor es el Gobierno (…) ¿Quiénes eran su autor o autores, qué vigencia política y 'operativa' tenían? ¿Fue aceptado por quien debía aceptarlo? ¿Entró en rodaje, o no hubo ocasión de hacerlo (de su texto se desprende ser muy poco anterior al golpe)? No lo sé, ni lo dice el Libro Blanco. ¿Qué antecedente tengo para decir que el Plan Z no fue un simple invento de los militares? Uno muy simple: que no querían se publicara - pues investigaban su procedencia, autoría y grado de avance-, y lo permitieron sólo tras múltiples y largas gestiones. ¿Para qué habrían hecho un 'show' así con nosotros, los redactores, partidarios del golpe, que no diríamos -como no dijimos, hasta hoy- nada sobre esas gestiones?”. A estas alturas, cuando ya nadie toma en serio el Plan Zeta, la confusa justificación del emérito historiador carece de importancia. El papel aguanta todo. Montaje a la medida Con el secuestro de Armando Portilla, el 9 de diciembre de 1976, integrantes del Comando Conjunto iniciaron una batida contra la tercera dirección clandestina del Partido Comunista. La criminal arremetida prosiguió los días 13 de diciembre, con el secuestro de Luis Fernando Navarro Allendes; 15 de diciembre, cuando, en distintas horas y circunstancias, fueron secuestrados Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Héctor Véliz Ramírez, Luis Lazo Santander, Fernando Ortiz Letelier, Waldo Pizarro Molina y Reinalda Pereira Plaza, y 18 de diciembre, con el secuestro de Lisandro Cruz Díaz, para terminar el día 20 de diciembre con el secuestro de Edras Pinto Arroyo. Todos están desaparecidos, sin perjuicio de que el informe de las FF. AA. a la Mesa de Diálogo consigne que en la Cuesta Barriga habrían sido inhumados Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Luis Lazo, Fernando Navarro y Fernando Ortiz. Los tribunales rechazaron los recursos de amparo sin más trámite que oficiar al ministro del Interior, general César Raúl Benavides, y a las direcciones de inteligencia de las FF.AA., que por cierto negaron la detención y conocimiento de cualquier antecedente de los amparados. La angustia de los familiares queda retratada en un escrito presentado en febrero de 1977: “Destacamos a V.S. nuestra enorme inquietud por la suerte corrida por nuestros familiares, habida consideración al largo período que ya llevan privados de libertad, y a la circunstancia que sus detenciones no han sido oficialmente reconocidas, inquietud ésta que se acrecienta frente a la increíble pasividad e indiferencia que han mostrado las autoridades y funcionarios públicos a quienes la ley ha entregado la función de velar por la seguridad de las personas”. La dictadura respondió a este clamor con uno de sus canallescos montajes, consistente en la falsificación de las hojas de ruta del paso fronterizo Los Libertadores, con el fin de convencer a la opinión pública que los desaparecidos habían abandonado el país rumbo a Argentina. Ese solo antecedente bastó para que el Ministro en Visita, Aldo Guastavino, sobreseyera la causa, sin siquiera haber dado por ocurridos los hechos. Para instalar esa estratagema como “verdad oficial” los autores materiales e intelectuales de los secuestros se valieron de la colaboración de la siempre bien dispuesta y servicial prensa uniformada. A palos con la verdad Así, el 10 de febrero de 1977, bajo el título “Se Cerró Investigación de los Desaparecidos”, la crónica del diario El Mercurio señaló: “El Ministro en Visita, Aldo Guastavino, cerró el sumario el lunes pasado, después de declarar agotada la investigación. El Ministro Guastavino había oficiado al Ministro del Interior solicitando los antecedentes de las ocho personas presuntamente desaparecidas, y recibió de esa Secretaría de Estado un oficio que adjuntaba copias de los certificados de viaje expedidos por Extranjería de la Policía Civil, en que consta la salida al país de esas personas”. Haciendo gala de celo y rigor profesional, destacó un enviado especial, el periodista Oscar Medina, quién, tras una exhaustiva investigación, logró establecer: “La Policía Internacional de Los Libertadores confirmó con documentación el paso hacia Argentina de las ocho personas presuntivamente (sic) desaparecidas, cuya situación estudió el Ministro Guastavino. Por su parte, el Servicio de Migración de Argentina, por intermedio del Jefe de la Avanzada Las Cuevas, dijo a El Mercurio que la documentación que registra el ingreso de cualquier persona a territorio argentino es enviada a Buenos Aires, a los archivos de la Dirección Nacional de Migración. El Jefe del Servicio de Mendoza, Juan Cortés, en conversación telefónica con este enviado especial, dijo que hay una demora de dos años en los archivos: “Creemos que puede demorar un poco cualquier comprobación del ingreso a Argentina de cualquier persona”. La dirección y subdirección del diario, seguían desempeñándolas René Silva Espejo y Arturo Fontaine. Nuevas hazañas del periodismo felón Fiel al estilo combativo que le imprimió Mario Carneyro, La Segunda tituló en primera plana, el 9 de diciembre: “Nueva Felonía Marxista Ante los Tribunales: No hay Tales “Desaparecidos”. En la crónica interior, bajo el título, “Descifrada Infamia de los ‘Desaparecidos’: Comunistas Viajaron al Exterior haciendo Dedo”, este diario superó sus marcas previas en materia de calumnias y odiosidad: “Una nueva felonía de los marxistas ha quedado en evidencia luego que el Ministro Guastavino cerrara definitivamente el sumario que ordenó instruir la Corte Suprema, por el presunto desaparecimiento de ocho personas. El magistrado, en su amplia investigación estableció con acopio de antecedentes que los ‘presuntos desaparecidos’ salieron del país hacia territorio argentino con toda su documentación y en algunos casos, a falta de medios de locomoción colectiva, hicieron dedo, aprovechándose de la buena voluntad de los automovilistas. La campaña de los marxistas contra el régimen del Presidente Pinochet no descansa. Con tal de empañar la imagen de nuestros gobernantes son capaces de las peores felonías, como la descubierta por el ministro Guastavino. No podían permanecer no sólo trabajando en la clandestinidad contra todos los chilenos que aman la libertad y tranquilidad lograda en los tres años de gobierno, sino que además planearon otra infamia: pedir a los tribunales de justicia la designación de un ministro en visita para que investigara el desaparecimiento de ocho ‘dirigentes sindicales’, en su mayoría de filiación comunista”. El antecedente del viaje a dedo también llamó la atención de los sagaces editores y reporteros de La Tercera y Las Ultimas Noticias. El 10 de febrero de 1977, la crónica de La Tercera, bajo el título “’Desaparecidos’ Se fueron en Tren, Camiones y a Dedo”, consignó: “el informe entregado recientemente por el magistrado Aldo Guastavino, expresa que estos salieron del país con toda su documentación oficial, y señala, además, que varios de ellos lo hicieron utilizando el viejo sistema del ‘auto.stop’, es decir, gracias a la buena voluntad de los automovilistas”. De parecido tenor fue la crónica de Las Ultimas Noticias: “A Mendoza, Argentina, y utilizando el sistema de ‘auto-stop’ y en vehículos particulares, viajaron ocho de los trece presuntos desaparecidos y para los cuales sus familiares solicitaron la designación de un ministro en visita”. En el caso de Reinalda Pereira, puntualizó que “lo hizo el 22 de diciembre de 1976, saliendo a pie por el paso Los Libertadores”, lo cual era absurdo, toda vez que a la fecha de su desaparición tenía seis meses de embarazo. Las planas directivas de La Segunda y La Tercera eran las mismas que durante la Operación Colombo, mientras que la de Las Ultimas Noticias estaba conformada por el director, Fernando Díaz Palma, el subdirector, Julio Abarzúa Abarzúa, y el jefe de informaciones, Hugo Nettle Maluenda. Tras la huella de los próceres Tal como lo establece el estudio de los investigadores Giselle Munizaga y Diego Moulian, el abuso de trascendidos y fuentes desconocidas, lejos de haberse corregido, se ha institucionalizado en la prensa escrita chilena, empeñada, al parecer, en seguir la huella trazada por estos próceres del periodismo a los que tanto le deben los violadores de los derechos humanos. Más decidor aun es que la muestra revela que los tres diarios de mayor circulación nacional concentran el hábito de no identificar a sus fuentes en dos áreas especialmente sensibles, esto es, seguridad ciudadana, con un 33% de las noticias, y política nacional con 28%. A modo de comparación y contraste, la prensa norteamericana, con la cual les gusta compararse, tiene por costumbre no publicar noticias que no hayan sido confirmadas al menos por dos fuentes independientes. Operación Colombo: Entre el horror y la infamia La “Operación Colombo”, una macabra operación de inteligencia para encubrir la desaparición de personas perpetrada por la DINA durante los primeros años de la dictadura, es un catálogo del engaño, la mentira y la desinformación como armas de guerra sicológica, utilizadas con la triple finalidad de implantar el terror, engañar a la Iglesia y burlar a la comunidad internacional. El montaje consistió en difundir una lista de 119 personas detenidas por la DINA, por las que se habían interpuesto recursos de amparo, en publicaciones apócrifas que las hacían aparecer como asesinadas por sus propios compañeros o caídas en enfrentamientos con la policía. El 15 de julio de 1975 apareció en Buenos Aires la revista Lea, creada sólo para la ocasión, con una fabulación sobre pugnas internas del MIR, que habrían cobrado 60 víctimas en diversos países. Dos días más tarde reapareció en Curitiba, Brasil, el periódico O’ Día, con una segunda lista con 59 nombres de desaparecidos que habrían muerto en Argentina, en enfrentamientos con la policía. La maniobra del Departamento Exterior de la DINA no habría tenido sentido sin la complicidad de la prensa chilena, que no se limitó a reproducir esas insostenibles versiones, sino que agregó titulares y notas editoriales de su cosecha. La mentira mercurial El 16 de julio de 1975, en la página 15 de El Mercurio, bajo el título, “Miristas Muertos en Argentina Eran Buscados en Chile”, se lee: “los dos integrantes del MIR que fueron asesinados la semana pasada cerca de Buenos Aires, figuraban como desaparecidos en Chile y entidades humanitarias habían planteado reclamos por ellos, se informó en fuentes de gobierno”. Más adelante, con su típico estilo sibilino, despachó este párrafo de antología: “Los servicios de seguridad comprobaron que está en marcha un plan para hacer falsos secuestros. Según fuentes de Gobierno, elementos marxistas irrumpen en domicilios de compañeros, se identifican como personal de seguridad y se llevan a los dueños de casa. Por supuesto -puntualizaron las fuentes- se cuenta con la complicidad de éstos, lo que ignoran los familiares. Estos, lógicamente, concurren a los tribunales a denunciar la desaparición de sus parientes. (...) Estos pseudo detenidos o secuestrados -explican las fuentes- son trasladados a Argentina a fin de que se incorporen a movimientos guerrilleros, y tras recibir adiestramiento, son retornados a Chile”. El 23 de julio coronó su actuación con un comentario editorial que agrega infamia a la mentira: “la violencia engendra violencia y quien cree que ella constituye la razón de ser de la acción política concluye por ser víctima del propio monstruo que despierta. Huidos del país, dispersos en distintos lugares, los violentistas de entonces se han visto forzados a enfrentar una nueva situación. A las dificultades económicas encontradas en naciones extranjeras, se sumaron las ‘liquidaciones de cuentas’. Dineros robados y cuyos usos fueron decididos por el primer audaz, encendieron pasiones y crearon odios. Se culpan de debilidades, errores o falta de audacia por no haber empujado todavía más al país a la catástrofe extrema que pretendieron. Las rivalidades ayudaron a hacer estallar el conflicto y las venganzas sucedieron a las venganzas en una escala pavorosa. Es obvio que en las contiendas entre quienes sólo aceptaban la violencia como criterio, apelaron a la única manera que sus protagonistas preconizan y entienden: la liquidación inmediata y artera del rival o del disidente”. Aparte de la mentira y la complicidad en uno de los montajes más tortuosos de la DINA, aparece claramente configurado el delito de injurias y calumnias contra personas asesinadas, a las que además se les asesinaba la imagen. El señor Arturo Fontaine Aldunate, a la sazón director subrogante de El Mercurio, jamás ha ofrecido una disculpa pública por este comportamiento. La Segunda, hija putativa de la cadena mercurial, no le fue en zaga en materia de periodismo canalla. Por de pronto, el 24 de julio de 1975, publicó un titular ya clásico en los anales de abyección: “Exterminan Como Ratas a Miristas”. Luego, en crónica del 29 de julio, arremetió contra el Comité de Cooperación por la Paz, que había presentado recursos de amparo por esas 119 personas y había publicado una inserción que alertaba sobre “la extrema gravedad que encierra que un sector de la prensa nacional retransmita en forma sensacionalista noticias emanadas de un semanario y diario extranjeros, escasamente conocidos, que se refieren a la presunta muerte de un alto número de chilenos en el extranjero, sin señalar fuentes de organismos competentes”. En la crónica, titulada “Comité de Cooperación Para la Paz Recurre de Amparo en Favor de los Muertos”, firmada por Antonio Salgado, se lee: “el comité mencionado se pretende erigir en orientador de la prensa nacional. De señalarle el camino que debe seguir. Olvidando acaso aquella reunión de hace unos meses cuando un alto dignatario de la Iglesia Católica les hizo presente que era necesario disolver ese comité por no ser necesario a estas alturas. Y obviando de paso la situación poco confortable que dentro de los luteranos chilenos tiene el Obispo Helmut Frenz, uno de los activadores de la citada institución”. Director del diario era entonces Mario Carneyro Castro, ya fallecido, mientras que la subdirección la desempeñaba Mercedes Garrido, aún en actividad como reportera política de El Mercurio. El mayor de los casos de falsos enfrentamientos La burla del Premio Nacional |
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